La Fiscalía General de la Nación anunció la judicialización de dos dragoneantes del Inpec señalados de haber abusado sexualmente de una interna en la cárcel El Pedregal, ubicada en Medellín. Según la denuncia, los hechos ocurrieron cuando los custodios, aprovechando su posición de autoridad, habrían vulnerado la integridad de la mujer que se encontraba privada de la libertad.
También puede leer:Indignante: Abuelo abusó de sus dos nietas menores y embarazó a una de las niñas
De acuerdo con las investigaciones preliminares, la víctima denunció que los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario le suministraron una sustancia desconocida, lo que le generó una amenaza de aborto, ya que en ese momento se encontraba en estado de embarazo. Este detalle agravó el impacto de los hechos, pues además de constituir una vulneración a su dignidad y derechos, representó un grave riesgo para su salud y la de su hijo por nacer.
Judicializan a dos dragoneantes del Inpec por presunto abuso sexual a interna en Medellín
El ente acusador recaudó testimonios, informes médicos y pruebas periciales que sustentan la imputación contra los dos dragoneantes, quienes fueron presentados ante un juez de control de garantías. Allí, la Fiscalía formuló cargos por delitos sexuales agravados y administración de sustancias nocivas, resaltando la gravedad de que estas conductas se presenten dentro de un establecimiento carcelario, donde el Estado tiene la obligación de proteger y garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad.
La víctima se encuentra bajo seguimiento médico y ha recibido acompañamiento psicológico y jurídico por parte de la Fiscalía y de entidades de protección de derechos humanos, que han manifestado su preocupación por los niveles de violencia sexual en contextos de encierro.
El juez determinó que los dos funcionarios del Inpec deben permanecer privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial, con el fin de evitar posibles represalias contra la denunciante o interferencias en la investigación.
Este caso abre nuevamente el debate sobre las condiciones de seguridad y respeto a los derechos humanos dentro del sistema penitenciario colombiano. Organizaciones sociales y defensoras de mujeres privadas de la libertad han reiterado que estos hechos ponen en evidencia la urgencia de reforzar los controles internos del Inpec y establecer protocolos más estrictos para prevenir abusos de poder por parte de los guardianes.
La Fiscalía anunció que continuará con la recolección de pruebas y no descarta la vinculación de otros funcionarios en el proceso, si se comprueba su participación o encubrimiento.

