El proceso judicial en contra del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, avanza luego de que el Juzgado 50 de Garantías declarara ajustada a derecho la imputación de cargos por presuntas irregularidades en la adquisición del predio Aguas Vivas, ubicado en el exclusivo sector de El Poblado. La audiencia, que se prolongó por más de ocho horas, incluyó regaños del juez hacia Quintero por intervenciones fuera de lugar durante la diligencia.
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El caso involucra un lote de más de 146.000 metros cuadrados que terminó en manos del Distrito mediante una figura de compensación urbanística. Según la Fiscalía, bajo la administración de Quintero se habría modificado injustificadamente su avalúo, pasando de 2.700 millones a más de 48.000 millones de pesos, lo que, presuntamente, benefició a un tercero.
Cargos y posibles responsables
El ente acusador imputó al exalcalde los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros. El juez determinó que “han quedado claro aquí esos hechos jurídicamente relevantes y los hechos narrados por la Fiscalía”. Además de Quintero, también fueron imputados otros exfuncionarios y empresarios por su presunta participación en los hechos.
Entre los mencionados figuran Fabio Andrés García Trujillo, señalado junto a Quintero como posible autor de los delitos mencionados. Otros implicados, como Karen Bibiana Delgado Manjarrés y Carlos Mario Montoya Serna, fueron señalados como coautores del delito de interés indebido en la celebración de contratos.
Sin allanamiento a cargos y lo que viene
Ninguno de los implicados aceptó los cargos presentados. Todos manifestaron ser inocentes. “Desde este martes tendrán condición de imputados”, advirtió el juez, quien también reiteró los derechos fundamentales que les asisten a los procesados, como el derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse. “Tienen derecho a que se adelante un juicio público oral, contradictorio e imparcial, con inmediación de las pruebas”, señaló.
Con la imputación declarada legal, los acusados quedan formalmente vinculados al proceso penal y podrían enfrentar un juicio, en caso de que la Fiscalía formalice la acusación.