Ana María Valle, exsecretaria de las Mujeres de Medellín y excandidata al concejo por el movimiento Independientes, ha instado a las autoridades a que aceleren las investigaciones sobre presuntas irregularidades durante la administración de Daniel Quintero. Según Valle, durante esa gestión, los funcionarios y contratistas eran presionados para contribuir económicamente al proyecto político del exalcalde, so pena de perder sus empleos.
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El pasado domingo, una investigación de Noticias Caracol reveló testimonios que apuntan a prácticas coercitivas en reuniones dirigidas por el exsecretario de Participación Ciudadana, Inclusión Social y Gobierno, Juan Pablo Ramírez. En estas reuniones, a los asistentes se les confiscaban los celulares y se les indicaba la cantidad que debían donar a una fundación liderada por Daniel Quintero, llamada “El futuro se parece a nosotros”.
Según un manual tarifario distribuido en una de estas reuniones, los funcionarios debían hacer donaciones mensuales equivalentes a un día de salario para bachilleres, dos días para tecnólogos, tres días para profesionales y montos más altos para cargos directivos, además de pagar una membresía única de $800.000.
Exsecretaria de la Mujer de Gobierno de Quintero denuncia que le pedían donaciones de sus salarios
Ana María Valle, quien también recibió la carta con el tarifario, hizo un aporte de $2.000.000. Sin embargo, admitió que no sabía con certeza el destino final de estos fondos. Aunque la frase “El futuro se parece a nosotros” era un lema del movimiento Independientes, Valle afirmó que muchos donaron sin conocer los detalles del uso de esos recursos.
Este esquema de presión para recaudar fondos para la causa política de Daniel Quintero está siendo investigado por la Fiscalía, que tiene evidencia de que la fundación recibió más de $20 millones de funcionarios entre agosto y noviembre de 2021. Además de Valle, se han identificado aportes de la exsecretaria de Salud, Andree Uribe, y de Sergio López, exdirector de la oficina de planeación de Medellín y exgerente del Metro de la 80.
Juan Pablo Ramírez, señalado como el coordinador de esta campaña de recaudación de fondos, ha respondido a través de sus abogados, argumentando que todo se hizo dentro del marco legal y que los fondos se recibieron a través de cuentas bancarias para dejar un rastro transparente de los movimientos financieros.
Sin embargo, Ramírez también enfrenta otro proceso en el que se investiga si durante su gestión en la secretaría de Participación Ciudadana se direccionaron recursos hacia 18 corporaciones a cambio de sobornos para la adjudicación de contratos.
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A pesar de estas investigaciones pendientes, el gobierno del presidente Gustavo Petro nombró a Ramírez como subdirector de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) este mes. Esto sugiere la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en las esferas políticas y administrativas de Medellín.
