a infidelidad, un tema tan antiguo como las relaciones mismas, volvió a encenderse en redes sociales, donde suele convertirse en terreno fértil para confesiones, denuncias anónimas y debates interminables. Precisamente, para sancionar a los infieles, varios países han hecho una base de datos con los nombres de los supuestos infieles.
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Este archivo no solo se viralizó en Colombia, pues la idea nació en paises como Ecuador, México y otros países, lo que demuestra que la tendencia se ha extendido por la región.
La exposición pública como forma de castigo se ha convertido en una práctica cada vez más normalizada en la modernidad, donde las plataformas funcionan como escenario de escrutinio social.
¿Qué pasó con la lista en Colombia?
El documento, difundido inicialmente el 2 de noviembre, organizaba los datos por departamentos e incluía fotos, nombres completos y enlaces a redes sociales. Aunque fue eliminado pocas horas después, la información ya había empezado a replicarse. Para la mañana del 3 de diciembre, el formulario original estaba desactivado, pero los datos seguían circulando.
La situación encendió las alarmas de expertos en derecho digital, pues la publicación masiva y sin control de información personal puede generar riesgos concretos en la vida de quienes aparecen allí sin autorización.
En conversación con Publimetro Colombia, Nixon Adriano Forero Forero, gerente de la firma de abogados BLONTIME SAS, explicó que este tipo de prácticas puede acarrear consecuencias legales para quienes crean, administran o difunden estas listas. Según el abogado, aunque algunos justifican estos listados alegando que la información proviene de personas afectadas por la infidelidad, cuando los datos se concentran en un archivo estructurado la situación cambia radicalmente.
Esto está contemplado en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, que establece que cualquier tratamiento de datos personales en bases de datos privadas o públicas exige el consentimiento claro del titular. Si se publican nombres, fotos, redes sociales o detalles íntimos sin permiso, se incurre en una violación de esa norma.
El riesgo es aún mayor cuando se trata de datos sensibles, como información sexual o detalles de la vida sentimental, que pueden derivar en discriminación o daño reputacional.
Además, la difusión de estos listados puede encajar en varios delitos del Código Penal colombiano:
- Hostigamiento (Art. 220): castiga acciones orientadas a provocar daño por razones discriminatorias.
- Injuria (Art. 220): sanciona las imputaciones deshonrosas, como señalar públicamente a alguien de infiel.
- Calumnia (Art. 221): se configura cuando se atribuyen delitos falsamente.
- Violación de datos personales (Art. 269F): aplica cuando se obtienen o comparten datos sin autorización.
¿Qué pueden hacer quienes fueron expuestos en esas listas?
Según el abogado, las personas afectadas pueden denunciar directamente ante la Fiscalía General de la Nación, aportando como evidencia las publicaciones o capturas de pantalla. Si el proceso concluye con una condena, pueden solicitar un incidente de reparación integral por daños morales y materiales. También pueden acudir a un juez civil sin necesidad de esperar una sentencia penal.
Aun así, en redes sociales han aumentado las consultas de usuarios que quieren “agregar” información sobre exparejas o que buscan acceder a estas listas, sin considerar que participar en su difusión también podría tener implicaciones legales.
Este fenómeno, que se expande por varios países, plantea un debate urgente sobre privacidad, violencia digital y los efectos irreversibles del escrutinio público.