La infidelidad es uno de los temas más recurrentes en las relaciones sentimentales, y en redes sociales suele convertirse en un lugar para hablar testimonios, denuncias anónimas y debates encendidos sobre los terceros en las relaciones. Sin embargo, en los últimos días, esta conversación pasó a las acciones, pues comenzó a circular un archivo en Excel que funciona como una base de datos con nombres, fotografías y descripciones de personas señaladas de ser infieles.
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El documento, que se difundió el 2 de noviembre, clasificaba la información por departamentos e incluía incluso imágenes de los supuestos implicados, además de sus nombres completos y redes sociales. Aunque el archivo fue retirado pocas horas después, la dinámica de exposición continuó en distintas plataformas. Para la mañana del 3 de diciembre, el formulario original ya había sido desactivado, pero la información recopilada siguió circulando a través de pantallazos, listas alternativas y nuevos enlaces que usuarios han distribuido para mantener vigente el registro.
La situación despertó preocupación entre expertos en derecho digital, pues la circulación indiscriminada de datos personales puede representar un riesgo serio en la vida real para quienes aparecen allí sin su consentimiento.
En diálogo con Publimetro Colombia, Nixon Adriano Forero Forero, gerente de la firma de abogados BLONTIME SAS, explicó por qué este tipo de listados pueden desencadenar responsabilidades legales tanto para quienes los crean como para quienes los comparten.
“Con ese tipo de comportamientos discriminatorios, inicialmente, no se quebranta la ley de protección de datos al pensar que la información proviene de las víctimas de infidelidad, quienes durante las relaciones fueron recolectando los datos que luego fueron publicados. Sin embargo, cuando las publicaciones se hacen mediante el uso de archivos que constituyen como tal una base de datos, la situación cambia”, explica. Esto se enmarca en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, que protege los datos personales contenidos en bases de datos o archivos, tanto públicos como privados.
Si el contenido permite identificar a una persona (con nombre, fotografías, redes sociales o datos de contacto) sin su autorización, se configura una vulneración de dicha ley. El riesgo es mayor cuando se incluyen datos sensibles, como detalles íntimos de la relación o aspectos de la vida sexual, ya que estos pueden generar discriminación o daños a la integridad moral.
En materia penal, las publicaciones también pueden encajar en varios delitos contemplados en el Código Penal colombiano, como lo explica el abogado.
- Hostigamiento (Art. 220): cuando se promueven acciones que busquen afectar a alguien por motivos discriminatorios. La pena puede ir de 12 a 36 meses de prisión.
- Injuria (Art. 220): aplicar imputaciones deshonrosas, como señalar públicamente a alguien de infiel. Las penas van de 16 a 54 meses de prisión.
- Calumnia (Art. 221): se configura cuando se atribuyen falsamente delitos a una persona. La pena puede llegar hasta 72 meses de prisión.
- Violación de datos personales (Art. 269F): aplica cuando se recolectan, compilan o difunden datos personales sin autorización. Este delito también establece penas de prisión y multas significativas.
“En todos los casos, las afectaciones parten de no contar con el consentimiento del titular de los datos. Esa es la línea roja”, afirma el abogado Forero.
¿Qué pueden hacer las personas que aparecen en estas listas?
De acuerdo con Forero, quienes hayan sido expuestos sin autorización pueden acudir directamente a la Fiscalía General de la Nación para denunciar los hechos. Las publicaciones pueden convertirse en evidencia para iniciar una acción penal, que eventualmente podría terminar en condena.
Además, si hay un fallo condenatorio, las víctimas pueden solicitar un incidente de reparación integral para reclamar perjuicios morales y materiales. Si no participan en este proceso, también tienen la opción de acudir a un juez civil para pedir el reconocimiento de los daños, sin necesidad de esperar la conclusión de un proceso penal.
Aun así, en redes sociales han proliferado preguntas de usuarios que buscan “subir información de sus exparejas” o consultar las listas, sin tener en cuenta que tanto la difusión como la participación activa en estas plataformas puede derivar en responsabilidades legales.
Mientras tanto, el tema sigue generando debates sobre privacidad, violencia digital, exhibición pública y la creciente normalización de prácticas que exponen datos personales sin consentimiento; una tendencia que, según expertos, puede tener consecuencias tan reales como irreversibles.