El Defensor del Pueblo de Colombia, Jorge Armando Otálora, sugirió hoy al presidente Juan Manuel Santos que estudie la posibilidad de revisar y modificar el incremento del 7 % en el salario mínimo para este año, que ha provocado la protesta de sindicatos por considerarlo insuficiente.
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Otálora envió una carta a Santos en la que le recomendó tener en cuenta una sentencia de la Corte Constitucional que establece que se debe «asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso a los bienes y servicios básicos», informó la Defensoría en un comunicado.
En este sentido el funcionario recordó que si bien el incremento del salario mínimo está por encima de la inflación en 2015, que se situó en 6,77 %, el IPC para los hogares con menores ingresos fue del 7,26 %, lo que hará que el aumento no se sienta en los bolsillos.
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Además, destacó que dentro de los grupos de ingresos los hogares con recursos bajos representan el 50 %, en tanto que los de recursos medios son el 45 % y los altos el 5 %, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE).
Teniendo en cuenta lo anterior y que el IPC «se emplea para calcular, además del salario mínimo, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda», Otálora invitó al presidente y a su equipo económico «a estudiar la posibilidad de modificar la cifra del 7 %, y ordenar un ajuste mayor para los colombianos menos favorecidos».
El incremento del salario mínimo fue fijado por el Gobierno el pasado 30 de diciembre tras casi un mes de negociaciones infructuosas entre empresarios, que proponían una subida del 6,8 %, y centrales obreras, que demandaban un ascenso de entre el 8,5 y el 11 %.
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Tras conocer que la subida sería del 7 %, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), el principal sindicato del país, anunció que planea una gran movilización que incluye el paro y la huelga para protestar contra lo que consideran una cifra «miserable».
Con este ajuste, el salario mínimo colombiano, que es además la referencia para el pago de multas y otras sanciones en el país, quedó fijado para este año en 689.454 pesos (unos 221 dólares).