La puesta en libertad del exjefe de la guerrilla de las FARC «Jesús Santrich» se empantanó por trámites legales, mientras la controvertida decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de denegar su extradición a EE.UU. llevó a la dimisión de la ministra colombiana de Justicia, Gloria María Borrero.
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Activistas de la plataforma «Santrich libre» se citaron en los alrededores de la cárcel de La Picota, adonde también acudieron decenas de periodistas para esperar bajo la lluvia su «libertad inmediata», como ordenó ayer la JEP, pero entrada la noche el detenido seguía tras las rejas.
La situación llevó a que la defensa de Seuxis Paucias Hernández, alias «Jesús Santrich», interpusiera un recurso de habeas corpus (que se presenta para que la autoridad judicial decida si pone en libertad a un detenido) para lograr que su defendido deje la cárcel lo que, según su abogado, Eduardo Matías Camargo, ha sido impedido por «un capricho» del director de La Picota.
«Han pasado más de 24 horas, razón por la cual la defensa considera que el plazo inmediato para obtener la libertad del señor Jesús Santrich se ha vencido y hemos tenido que interponer un habeas corpus ante el Tribunal Superior de Bogotá», dijo.
Santrich fue detenido en Bogotá el 9 de abril de 2018 por la Fiscalía colombiana acatando un pedido de extradición del Departamento de Justicia de EE.UU., que lo acusa de narcotráfico, delito que, según la denuncia, cometió después de la firma del acuerdo de paz del 24 de noviembre de 2016, con lo cual queda expuesto a la justicia ordinaria.
Ninguna autoridad del Gobierno se manifestó sobre las supuestas dilaciones para cumplir la orden de la justicia transicional denunciadas por el abogado.
Mientras tanto, la crisis desatada por la decisión de la JEP de aplicar a Santrich la garantía de no extradición con el argumento de que «por falta de pruebas» no pudo evaluar la petición de Estados Unidos, sigue haciendo rodar cabezas en el Poder Judicial.
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A la renuncia del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y de la vicefiscal María Paulina Riveros, se sumó la de la ministra de Justicia, quien sin embargo la atribuyó a «los cambios normales de cualquier Gobierno».
«He dialogado con la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, y la señora ministra ya se retirará del cargo, del Ministerio de Justicia; le he aceptado su renuncia, he conversado con ella hace varios días», dijo el presidente Iván Duque en un acto en Medellín.
El mandatario anunció además la designación de la jurista Margarita Cabello Blanco, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, como nueva ministra.La abogada Borrero estuvo en el cargo solo nueve meses y es la primera baja del gabinete ministerial de Duque desde que asumió la Presidencia el pasado 7 de agosto.
La exministra era criticada por diversos sectores por su bajo perfil, sobre todo porque se mostró ausente de las discusiones de los grandes temas jurídicos del país, ya que incluso en la polémica generada por la decisión de la JEP sobre Santrich se mantuvo prácticamente al margen.
De la saliente funcionaria, el jefe de Estado resaltó su «patriotismo, trabajo» y el «esfuerzo» para enfrentar el hacinamiento carcelario.
Tras anunciar a Cabello Blanco como ministra, Duque dijo que le encargará «muchas tareas», entre ellas «la inmensa responsabilidad de avanzar en todas las reformas que se requieran para la modernización del aparato judicial».
El presidente confió en que la nueva ministra, que aún no ha asumido el cargo, contribuirá con su experiencia a las relaciones institucionales del Gobierno para que toda la reforma integral, que va desde los temas procedimentales y tecnológicos, hasta los normativos relacionados con la justicia, «sea exitosa y pueda generar un amplio consenso en el país».
Por su parte, la embajada de Estados Unidos en Colombia lamentó el paso dado por la JEP, dijo que «toma nota» de lo sucedido y reclamó como «esencial y urgente» la apelación al fallo anunciada la víspera por el procurador general, Fernando Carrillo.
«Consideramos esta decisión lamentable, ya que Estados Unidos cumplió con los requisitos de extradición establecidos con Colombia y nuestro pedido estableció que los delitos de los cuales se acusa al señor Santrich se produjeron después del 1 de diciembre de 2016», afirmó la embajada en un comunicado.
