El pasado viernes la representante a la Cámara, Clara Rojas, radicó un proyecto de ley que busca multar a las personas que paguen por servicios sexuales. Según Rojas, la idea con este proyecto de ley es abolir la prostitución en el país con multas que van aumentado gradualmente. Con los dineros recaudados se crearía el Fondo Nacional de Atención y Apoyo a Personas en Situación de Prostitución –FONASP- el cual estaría bajo el control del Ministerio de Salud y Protección Social. Sin embargo, el gremio de trabajadoras sexuales no está de acuerdo con el proyecto de ley. Aseguran que es un proyecto excluyente y anticonstitucional, y que por el contrario no beneficia a la población y sí logra que el trabajo sexual sea más clandestino y estigmatizado. Lo que ellas exigen es que su trabajo se formalice con garantías laborales.
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