Llamar a la desobediencia civil, en los términos en los que lo está haciendo Petro, es en buena medida renunciar a la Constitución del 91 como base de la resolución de conflictos en el país, el problema es que eso abre una tronera descomunal por la que espera meterse la izquierda, pero también podría meterse la derecha.
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Lo que expresa la desobediencia civil es que no hay mecanismos institucionales válidos ni legítimos para tramitar los desacuerdos y que por lo mismo hay que tramitarlos por mecanismos extralegales.
Ese precepto, tan inconforme y revolucionario, es exactamente el mismo que posicionaron en alguna medida quienes decían que el estado de derecho no les servía y que había que implantar el estado de opinión. Unos desde el poder y los otros desde la oposición buscan deslegitimar la institucionalidad derivada de la Constitución del 91, y especialmente las Cortes, por considerar que al actuar en contra de la voluntad popular, o contra la suya en específico, no hacen su trabajo de manera honesta.
Cuando uno mira en conjunto las declaraciones que el mismo Gustavo Petro ha dado al respecto nota la siguiente estructura argumental:
- En su proclama hecha pública ayer Petro menciona que es ilegítima la Registraduría, fue ilegítima la elección, son ilegítimos los medios, es Ilegítima la fiscalía y es ilegítimo el gobierno: Colombia es «un país sin democracia hasta nuestros días».
- En su cuenta de twitter Petro explica, siguiendo una definición del filósofo político John Rawls, que el propósito de la desobediencia es cambiar la ley de la que se deriva una ilegitimidad o injusticia.
- La única herramienta normativa con el alcance para cambiar todo lo que considera ilegítimo e injusto Petro es la Constitución, no hay nada más en el ordenamiento jurídico con ese rango.
¿Cuál es entonces la conclusión implícita del argumento, así Petro en su discurso diga que hay que defender la Constitución del 91?
El problema clave es que las posturas de los dos lados que han abogado por la desobediencia civil en tiempos recientes son menos respetuosas de algunos derechos y libertades individuales que la Constitución misma.
Pareciera entonces que lo verdaderamente revolucionario en estos tiempos de sembrar vientos para cosechar tempestades es la postura “tibia” de salir en defensa de la Constitución (que no lo es lo mismo que defender el gobierno) con la suficiente contundencia para exigir la acción en los procesos penales y administrativos en lo referente a la posible compra de votos y financiación ilegal en la campaña presidencial de 2018, pero blindando las instituciones para que sucumban ante los ataques en ambos flancos.