Las cifras varían, pero los hechos se repiten como si la justicia fuese sólo una sentencia escrita en un trozo de papel. Lo de Samuel Federico Peñalosa, un hombre de 60 años, líder comunal y agricultor, secuestrado y asesinado en Nóvita, al sur del departamento del Chocó, y cuyo cuerpo fue encontrado por un grupo de pescadores flotando en las aguas del río San Juan, cerca del corregimiento Juntas de Tamaná, nos dice claramente que no importa de dónde provengan las balas ni el color de la piel ni el tinte político porque en medio de ese tire y afloje con el que los grupos armados ilegales intentan medir sus fuerzas está la población civil.
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No es fortuito que sea el Pacífico colombiano una de las regiones del país que reciba con más fuerza los golpes de una violencia sin orillas. En la tradición política de Colombia, esta región ha sido una de las más olvidadas por los gobiernos de turno en cuanto a inversión social, pero, curiosamente, es una de las más explotadas. Sólo bastaría con mirar el Chocó, el cual, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga, es el departamento con el mayor índice de explotación minera del país: más de 33 mil hectáreas fueron devastadas durante once meses de los doce de 2017, tanto por las empresas ilegales como las autorizadas por el Estado para extraer del subsuelo oro y otros metales.
A lo anterior, habría que agregarle la deforestación que avanza a pasos agigantados por toda la región. Los resultados publicados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) son alarmantes. En el 2019, el Chocó perdió más de 10 mil hectáreas de bosque. Según el mismo informe, para la extracción de un gramo de oro se remueven con retroexcavadora seis toneladas de suelo y bosque y se emplean mil litros de agua y cinco gramos de mercurio (cada segundo) por cada gramo de oro. El mismo instituto estima que a ese ritmo el Chocó estaría perdiendo un 20 por ciento más de sus bosques naturales al terminar 2020.
Con la llegada de Iván Duque a la Presidencia de Colombia, según el último reporte presentado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) fueron asesinados 120 líderes sociales en los primeros 100 días de su gobierno, y hasta la fecha el número ha ascendido a 226. En lo que va de 2020 han sido asesinado en el Chocó dos líderes sociales y amenazados de muerte más de una docena, entre indígenas, defensores de los Derechos Humanos y miembros de algunas organizaciones sociales.
No olvidemos que Samuel Federico Peñalosa había sido, hasta pocos días antes de su secuestro y posterior asesinato, un miembro del Consejo Comunitario Mayor de Juntas del Tamaná y uno de los beneficiarios del programa para la siembra de cacao que se estaba llevando a cabo en el departamento. Leyner Palacio, uno de los líderes sociales más amenazados del Chocó, no entiende todavía cómo se produjo una incursión de un grupo armado ilegal en ese sector si ese mismo día, en Quibdó, se estaba llevando a cabo un consejo de seguridad presidido por los altos mandos militares y policivos del gobierno. Para Palacio, es inadmisible que, estando el departamento prácticamente acordonado por una fuerte presencia militar, haya ocurrido un hecho tan lamentable como este, pues deja muchas dudas sobre la función ejercida por las Fuerzas Armadas en una de las regiones del país más azotadas por las bandas criminales, guerrillas y delincuencia común.
Nubia Carolina Córdoba, secretaria del interior del Chocó, en declaraciones para Noticias Caracol, aseguró que, en efecto, la presencia de las Fuerza Militares en distintas zonas del departamento es efectiva, pero que tienen problemas de comunicación por la falta de carreteras, la dispersión y accidentalidad geográfica, ya que Nóvita se encuentra prácticamente en los límites con el Valle del Cauca y que el desplazamiento por tierra, desde la capital chocoana hasta el lugar de los hechos, lleva, necesariamente, varios días de camino. El problema, por supuesto, se agrava ante la ausencia de antenas repetidoras que permitan la comunicación telefónica. En este sentido, la comunidad está aislada, pues, ante la eventualidad de un desastre o accidente de cualquier índole, no hay posibilidad de una comunicación rápida y efectiva.
De acuerdo con el mapa nacional de homicidios de líderes sociales publicado recientemente por el diario El Espectador de Bogotá, “entre enero y marzo de 2018 se registraron 84 asesinatos, mientras que, en el mismo tiempo, pero de 2019, la cifra llegó a 207. La teoría del informe de Somos Defensores, que saldrá en las próximas semanas, es que las amenazas se están materializando”.
A esta lista creciente de campesinos, afrodescendientes e indígenas asesinados por defender sus derechos y los de sus comunidades, se suma otra: la de los miembros de las extintas Farc que se la jugaron por la paz y cuyos nombres empezaron a engrosar la larga y aterradora de muertos: 185 desde el momento en que decidieron dejar los fusiles y cultivar la tierra.
Lo anterior, quedó claro para el mundo cuando Michel Forst, Relator de Naciones Unidas, sostuvo en febrero de este año que Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para la defensa de los derechos humanos. Las cifras solas no muestran la tragedia humana que hay detrás de cada caso. Por eso un grupo de columnistas, hemos querido recuperar los rostros y las vidas de algunos líderes asesinados, y contar la historia de tres de ellos.
Joaquín Robles Zabala
Magíster en comunicación
En Twitter: @joaquínroblesza
Email: robleszabala@gmail.com