No existe duda alguna de los aciertos en las medidas del gobierno nacional para contrarrestar los efectos del Covid-19 en la salud pública, los cuales también tenemos certeza no han llegado a su peor momento y, según fuentes expertas, la epidemia tendría su pico mayor a finales de junio, con cifras entre los 60 mil y 100 mil contagios, de los cuales el 50% estarían en Bogotá, circunstancias que llevarían probablemente a ampliar por una vez mas el Estado de Excepción de Emergencia y mantener un confinamiento hasta el mes de Julio, lo cual repercutiría de manera nefasta en toda la economía, afectando las cadenas productivas, las cuales son un menester urgente proteger e incentivar para evitar una debacle.
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Las medidas siempre serán insuficientes en una situación sin antecedentes recientes, y los gobiernos en medio de su gran esfuerzo siempre serán tildados de irresolutos para lograr todas las necesidades crecientes y demandantes en medio del caos. Y es justamente en ello donde el Gobierno Nacional, el Departamento Nacional de Planeación y asesores en hacienda publica tendrán que hacer un gran esfuerzo para evitar que el Estado quede desfinanciado. Por cuenta del recaudo fiscal hoy estarían en riesgo de desaparecer cerca de 600 municipios, y ad portas de convertirse en corregimientos, situación que no es del todo inocua si vemos la crisis con perspectiva de ahorro y oportunidad de reingeniería institucional.
Si las cosas fueren así, de entrada tendríamos el ahorro de sueldos de 600 alcaldes, 600 concejos municipales que si bien no tienen una asignación mensual que constituye salario, sí generan gasto público por concepto de honorarios por sesión. A esto sumemos las 600 personerías municipales y las 600 contralorías, que sí generan gasto público por asignación salarial, y todas las arandelas y emolumentos salariales con cargo a los tributos que todos pagamos. Si eso sucede, también estaría en riesgo la estabilidad económica y viabilidad de 10 departamentos. ¿Cuánto nos ahorraríamos los colombianos si esta circunstancia se diera y esos dineros se fueran para inversión social e infraestructura?
De entrada, serían billones los que se ahorrarían en funcionamiento; un país que quiera crecer y mantener su economía a flote necesita menos burocracia y mas emprendimientos, menos corbatas y mas empresarios; si el mapa político se modifica por cuenta de la afectación fiscal del Covid-19, ello también repercutiría en cuerpos colegiados de representación popular como el Senado de la República y la Cámara de Representantes, que al fin de cuentas poco o nada pueden hacer en tiempos de crisis. Las posibilidades de salir adelante en la crisis económica que viene y que empieza a verse solo será sosteniendo el Estado de Excepción actual, con el Estado de Conmoción Interior para promover una reforma política real. ¿Para qué un Congreso tan grande?
Las necesidades son grandes para afrontar lo que viene, sé que lo lograremos, pero sin lugar a duda el gobierno nacional requiere apoyo para los grandes paradigmas que se requieren. Proteger y garantizar las cadenas productivas desde la cartera de agricultura, hacienda son un imperativo urgente y hacia allá habrá que dirigir las ayudas urgentes para lograr garantizar la oferta y demanda de productos como carnes, huevos y todas las cadenas productivas. No es necesario ser experto en hacienda pública para entender que la perspectiva de ahorro público es vital, con ello a futuro el gobierno nacional podría incluso pensar en reducir tributos como el 4 por mil y una reducción porcentual en cinco puntos del IVA.
Corolario: En tiempos de crisis es necesario la planeación estratégica para afrontar lo que viene, revisar el estado de los embalses para garantizar la demanda energética, pensar que Colombia y sus grandes ciudades pueden trabajar 24 horas sería un alivio, adelantar en dos horas la hora oficial para aprovechar la luz día también ayudaría, flexibilización laboral con sentido social es imperativo.