La capital colombiana va camino del mayor desastre de su historia. Y todas las señales apuntan más a agravarlo que a encontrar soluciones o detenerlo. La debacle en que se ya se hunde la ciudad solo tiene un nombre, Claudia López, la alcaldesa. Muchos ripostarán diciendo que estoy equivocado, que el desastre, con insultos añadidos, es del Presidente de la República (del Presidente nos ocuparemos en la siguiente columna), que ella “le ha marcado el paso” y que es la heroína del siglo XXI.
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La responsabilizo pues:
- Es la primera autoridad del Distrito que, por su estructura legal, tiene más facultades que cualquier otro alcalde
- Es quien más ha insistido, peleado y exigido para que la ciudad siga en cuarentena y cerrada con candado “hasta cuando haya vacuna” (¿fecha?) o que sobre su “cuerpo muerta” se reabrirá el aeropuerto El Dorado, entre otras afirmaciones radicales. Y ante las tímidas medidas del Gobierno Nacional para empezar a reabrir algunos sectores productivos, su respuesta ha sido imponer una montaña de trabas burocráticas y de requisitos para muchas empresas que no son solo costosísimos – para agravar aún más su calamitosa situación – sino casi imposibles de cumplir.
Y no señalen como responsable al COVID-19, pues a ese solo le interesa alojarse en nosotros para reproducirse pues si se queda afuera, muere. Que nos mate no le importa ni lo sabe.
A quienes sí debe importarles y deberían saber qué hacer es a nuestros gobernantes. Pero dadas las perspectivas desastrosas, difícilmente encontraremos alguno con las decisiones correctas. Al contrario, sus medidas radicales, al son de la popularidad pasajera y la pandemia de pánico, van camino de generar una mayor debacle que la que teóricamente buscan evitar.
En cuanto a Bogotá, que responde por el 32% del PIB del país (1 de cada 3 pesos de Colombia se mueven acá), no solo se han tomado decisiones draconianas, de ley marcial al más acendrado estilo totalitario, sino que tales medidas supuestamente encaminadas “a salvar vidas”, como repite sin cesar la Alcaldesa y le copian decenas de mandatarios en las regiones, no tienen sustento distinto al de contar y comparar muertos y lanzar cifras de contagios, sin que nadie pueda explicar racional o científicamente cómo es que se salvan vidas destruyendo la economía. Medidas que, además, no han logrado mayor legitimidad entre el grueso de la población y sobre las que no hay mayor capacidad represiva para hacer cumplir.
El presupuesto de la ciudad para este año es de 21 billones de pesos; no se incluyen empresas como Transmilenio, Acueducto y Grupo de Energía. Ese monto se sostiene en buena parte gracias a 3 impuestos: predial, industria y comercio, y vehículos, en los que aportamos casi 10 billones. ¿Cuánto caerán esos recaudos ahora y en 2021 con un brutal desempleo gracias a la parálisis casi total de las empresas ordenada por la Alcaldesa? ¿Quién pagará industria y comercio si ya se quebró su negocio? ¿Quiénes tendrán (tendremos) capacidad de pago de esos tributos con una ciudad convertida en fantasma? ¿Qué será de un Transmilenio reducido al mínimo si antes de la pandemia recibía por pasajes $2,3 billones y de nuestros impuestos más de 700 mil millones de pesos anuales para cubrir el hueco por la diferencia de tarifa? ¿Aguantará el Acueducto la caída de ingresos de los usuarios, que hoy son cerca de 2,2 billones anuales? ¿De dónde saldrán los $3,9 billones que cuesta la educación distrital o los $2,7 billones para salud o los $1.3 billones para Integración Social y Hábitat?
Si de “salvar” se trata todo este ejercicio improvisado, caótico y abusivo de las libertades civiles, resulta mucho más fácil practicar otro: prohíbanse todos los automotores en las calles (automóviles, buses, camiones, motos) e incluso bicicletas. Que todos nos desplacemos a pie y nadie morirá. En 2018 fallecieron por accidentes de tránsito en Bogotá 514 personas (en el país más de 6 mil). O prohíbanse cigarrillos y licor: en Bogotá mueren, en promedio, 32 mil personas al año (400 por cada 100 mil habitantes), buena parte por enfermedades, accidentes y violencia provocadas por esas adicciones.
De manera que la destrucción de la economía de Bogotá es, por lo menos, la catástrofe para la tercera parte o más de la economía nacional. Para cuando tengamos la vacuna, la Alcaldesa no necesitará poner su “cuerpo muerta” para impedir que se reabra el aeropuerto. Quizá ni el aeropuerto pueda funcionar.
Melquisedec Torres
Periodista y abogado
@Melquisedec70