Hay dos principios universales, de los cinco citados por Weston, que deben estar presentes al momento de llevar al escenario de los hechos, o de un texto, los argumentos de autoridad: uno es la fiabilidad de las fuentes y el otro la imparcialidad de las mismas. Estas deben ser, necesariamente, cualificadas para ser tenidas en cuenta, pero no hay que olvidar que hay fuentes de fuentes; es decir, unas más creíbles, informadas e imparciales que otras. La sentencia que afirma que la credibilidad de una encuesta depende de quién o quiénes la pagaron, de la metodología empleada y su propósito, tiene en la argumentación de autoridad a su máximo aliado.
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Cuando una institución como el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas asegura, por ejemplo, en un informe que los niveles de desempleo en el país alcanzaron el 13%, esta cifra hay que tomarla literalmente con pinzas. La razón es la siguiente: el DANE es un organismo estatal cuya dirección recae, por lo general, en un funcionario cercano a las políticas del gobierno de turno o recomendado del partido de gobierno.
Recuérdese que uno de los mayores escándalos de este organismo se produjo en septiembre de 2004 cuando su entonces director, César Caballero, “renunció debido a las presiones del Ejecutivo que le pidió no revelar cifras de una encuesta sobre el impacto de la violencia en Bogotá, Cali y Medellín” (SEMANA, 09/11/2007). Un año después, “la Asociación Nacional de Industriales, ANDI, reveló datos de la industria que no coincidían con los del DANE”. En agosto de 2006, otro informe de este organismo Administrativo de Estadísticas aseguró que la economía del país había crecido un 6% mientras que la tasa de desempleo estaba disparada y, para colmos, 750 mil trabajadores habían perdido hasta ese tercer trimestre del año su empleo. La pregunta que surgió entonces era cómo explicaba el DANE tremenda contradicción.
Hoy el debate sobre la credibilidad de un gobierno cuya imagen está literalmente por el suelo, gira en torno a dos hechos puntuales: el informe del medio estadounidense U.S. News en cuyo estudio “Los mejores países 2020” ubica a Colombia como el “más corrupto del mundo”, y el último documento elaborado por el relator de la ONU, Michel Forst, en el que vincula a miembros del actual Congreso con violaciones de los DD.HH. y cómo durante el gobierno de Iván Duque se han llevado a cabo 36 masacres y han sido asesinados 200 líderes sociales de los cuales, según la ONU, solo un 11% ha sido esclarecido. A esto hay sumarle el gran número de excombatientes de las extintas Farc asesinados en los 18 meses que Duque lleva al frente del gobierno, un bombardeo de la Fuerza Aérea en el sur del país donde murió una treinta de niños reclutados por las disidencias guerrilleras y una noticia reciente que vincula al actual embajador de Colombia en Uruguay con tres laboratorios de cocaína encontrados en una finca de su propiedad.
Negar hechos como estos es intentar tapar el sol con un dedo. Desde el 2014, según Forst, el país no vivía una oleada de violencia como la que viene presentándose desde el 7 de agosto de 2018. Las violaciones reiteradas a los DD.HH se han visto reflejada en la muerte de casi 290 niños (solo en La Guajira) en los últimos cuatro años, según la cifra optimista del Instituto Nacional de Salud. En lo que va de 2020 han muerto 10 menores de física hambre y más de una docena se debate entre la vida y la muerte en una sala de hospital, pero según un informe del presidente Duque en uno de sus talleres construyendo país la economía nacional va bien y el crecimiento económico superó los tres puntos con relación al mismo periodo del año anterior.
Cuando se busca tener la mejor información sobre un producto, los menos indicados para hablar de los beneficios del mismo son sus fabricantes. Por lo tanto, nos recuerda Weston, a la hora de informarse sobre la eficacia de una medida gubernamental que busca beneficiar al conjunto de la población, no es conveniente tomar como verdad todo lo que salga al respecto de la boca del presidente. Tampoco cuando de los DD.HH. se trata, pues el interés de todo gobierno es mostrar que las medidas adoptadas para solucionar un determinado problema funcionan. Duque habla hoy de un 55% en el esclarecimiento de las muertes de los líderes sociales, mientras que el porcentaje de las mismas, según el relator de la ONU, Michel Forst, es cuatro veces menor con respecto a la información oficial. Recuérdese que cuando Uribe llegó al poder en 2003, la Seguridad Democrática le fue vendida a los colombianos como un proyecto de seguridad que beneficiaría al conjunto de la población, que permitiría transitar por las carreteras del país sin el temor o la zozobra de ser interceptado y secuestrado por algún grupo guerrillero. La seguridad se medía entonces en muertos. No faltó un solo
día sin que los noticieros afines al gobierno de turno mostraran imágenes de combates donde el Ejército Nacional daba de baja a numerosos guerrilleros. Las cifras más optimistas sumaban cinco mil guerrilleros abatidos entre 2003-2007, y cinco mil más entre 2007-2010. Hoy sabemos que esos números no hablaban exactamente de subversivos, sino de jóvenes reclutados por el “glorioso ejército” en zonas y barrios pobres del país que luego eran asesinados para hacerlos pasar como “terroristas abatidos en combate”.
“Cuando un niño se cae, me río. Y se golpea fuerte, más me río”, escribió José Berthel, un joven poeta del taller literario “Candil” de la Universidad de Cartagena a finales de la década del ochenta. No tengo duda de que este verso de “humor negro” define con gran precisión a un Álvaro Uribe que se opone como gato bocarriba al aborto, pero que carece de escrúpulos a la hora de hacer vestir de guerrillero a un adolescente “que no estaba recogiendo café”. Define con precisión al bobalicón que funge de presidente y que parece no haberse enterado todavía que en la finca de su embajador en Uruguay fueron desmantelados tres laboratorios de cocaína que producían, según informe policial, de 10 a 15 kilos diarios que eran empacados y enviados al mercado de los Estados Unidos y países de Europa. Define a una ministra del interior que compara la muerte de líderes sociales con el robo de celulares y una vicepresidente que hará el oso, a través del ministerio de Relaciones Exteriores, de solicitar la corrección del informe que el relator de la ONU, Michel Forst, presentó el 4 de marzo en Ginebra, Suiza, sobre la “cueva de Alí Babá” que es Colombia.
Twitter: @joaquinroblesza
Email: robleszabala@gmail.com
(*) Magíster en comunicación