Paz ha sido quizá la palabra que con mayor frecuencia he escuchado hasta hoy. Pax vobiscum (la paz sea contigo) es la expresión del cura al terminar la homilía y dibujar en el aire la señal de la cruz. Paz es amor, aseguraba una de mis maestras del colegio La Salle de Cartagena. Paz es una palabra abstracta, decía mi profesora de español del quinto año. En realidad, su abstracción va, al menos, en dos direcciones: en el sentido de la materialidad del contenido (inasible) y en el significado utópico que representa. El gran Borges escribió en alguna parte que la perfección no existe, pero que el artista siempre está en su búsqueda. En Colombia, la paz ha sido un imposible, pero no ha habido en las últimas décadas un solo gobierno que no la haya buscado, incluso el de la Seguridad Democrática, que la utilizó de caballito de batalla para echar plomo.
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Las guerrillas, como es sabido, surgen de la inconformidad de los campesinos ante el abandono en que el Estado los ha tenido siempre. Y aunque el asunto no ha mejorado mucho desde 1948, la paz sigue siendo, aun en las filas subversivas, una pista para aterrizar esa enorme e incontrolable nave de la guerra. Decir, pues, que a estas no les interesa la paz es una mentira que han convertido en verdad aquellos que promocionan desde los atriles de la política el ruido de los fusiles.
Si los políticos entendieran que acabar con la guerra es ponerle fin al conjunto de hechos que la originaron, Colombia habría pasado, desde hace varias décadas, esa horrible página sangrienta que vemos reflejada en los asesinatos sistemáticos de más de 250 líderes sociales en un año, en la muerte de 15 mil niños en distintas regiones del país por enfermedades prevenibles, en la persecución de los exguerrilleros de las Farc que hoy son asesinados en poblaciones lejanas y centros urbanos, en las interceptaciones de teléfonos y escuchas ilegales a magistrados (que investigan a los fomentadores de la guerra) y a todos aquellos que se han constituido en oposición al gobierno de turno.
Sin embargo, estos promotores bélicos aseguran a través de medios nacionales e internacionales de comunicación que a ellos también les interesa la paz del país, pero que no pueden estar de acuerdo con el proceso realizado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de Timochenko porque, según lo han expresado, “los asesinos” no pagarán un solo de día de cárcel y, por el contrario, recibirán prebendas políticas del Estado. Es decir, su visión de paz no pasa solo por la entrega de las armas y la incorporación a la vida civil (que son, en sí mismos, acciones de paz) sino también por recibir castigo carcelario intramural. Esta mirada de los acontecimientos está directamente asociada con la negación, también sistemática, del conflicto.
Al negar la existencia de una guerra (“aquí lo que ha habido son solo actos terroristas”, aseguró en repetidas ocasiones el entonces presidente Uribe Vélez) se está negando así mismo a los actores del conflicto (reducidos a simples terroristas), las razones que lo originaron y la imposibilidad de un proceso de paz. Como en Cien años de soledad, la célebre matanza de los trabajadores del banano en la plaza de Macondo nunca existió. De ahí que, para los negacionistas, el proceso de La Habana no fue un acuerdo de paz entre un grupo de colombianos alzados en armas y el Estado, sino el sometimiento de un gobierno a los deseos a una banda delincuencial.
Mientras no se reconozca la enfermedad no puede suministrarse el medicamento correcto para su cura. Mientras se siga pregonando que el que devenga 250 mil pesos mensuales no es pobre, o se tilde de guerrillero a todos los defensores de los Derechos Humanos, seguiremos contando muertos por desnutrición y plomo. Negar que Colombia es el tercer país de América Latina con la mayor desigualdad social y el sexto entre los catorce más desiguales del mundo, es como para echarse a llorar. Decir que la JEP es solo un organismo de justicia hecho a la medida de la guerrillera es faltarle a la verdad e intentar quitarle el peso constitucional que lo soporta y definir a sus magistrados de simples payasos.
Mientras nuestros dirigentes no reconozcan la enorme pobreza que arropa a más 30 millones de colombianos. Mientras no se reconozcan que los cinco mil niños muertos en los últimos años en La Guajira es consecuencia del abandono y la negligencia del Estado. Mientras exista ese contubernio entre las Fuerzas Armadas (como lo han asegurado recientemente algunos líderes sociales amenazados de muerte) y los grupos delincuenciales, seguiremos repitiendo la historia hasta el infinito. Seguiremos siendo solo un proyecto de país que da un paso adelante y dos atrás, seguiremos siendo una fábrica de guerrilleros, paramilitares y, por supuesto, de ladrones de “cuello blanco”.
La tragedia de Colombia no es tener unos grupos guerrilleros tan insensible y despiadados como sus políticos. No. La tragedia de este país es tener unas instituciones tan podridas que la Cueva de Alí Babá parecería a su lado un santuario.
Twitter: @joaquinroblesza
Email: robleszabla@gmail.com
(*) Magíster en comunicación.