El lamentable hecho donde fallecen, producto de una operación militar legítima en contra del narcoterrorismo en el departamento del Caquetá, que enrostra el reclutamiento sistemático, reiterado y absurdo de menores de edad en la guerra de drogas que se está librando en el país, y con las declaración de ciertos sectores que buscan responsabilizar del reclutamiento de menores al actual gobierno, deja muchos planteamientos que hacer frente al actuar de la institucionalidad frente a este horrible fenómeno: el reclutamiento de menores para la violencia, la utilización de los mismos para persuadir el despliegue del poder defensivo de la fuerza publica, el cual es legítimo y legal, desde la óptica del derecho interno y el Derecho Internacional Humanitario.
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La lluvia de responsabilidades injustas no se harían esperar; unos insistiendo en errores de la inteligencia militar, pues creen que deberían de tener la suficiente información frente a las edades de objetivos legítimos que empuñan armas y vestimenta de guerra, dejando de ver de manera objetiva el problema de fondo: el reclutamiento de menores por parte de las disidencias de las Farc, ELN y otros grupos, para ser fogón de violencia, muerte y desazón en las regiones en donde impera la ley del monte y donde el derecho a la vida dejó de ser un derecho y pasó a ser un privilegio; ¿dónde están aquellos que mencionaban que ya vendría una paz estable y duradera?
La responsabilidad directa del reclutamiento de menores no es del exministro Botero, de la cúpula militar, o del presidente Duque; esas responsabilidades inmediatas son de los grupos que siguen delinquiendo en las diez principales regiones con influencia del narcotráfico, y del gobierno de Juan Manuel Santos que dejó mas de 200 mil hectáreas de cultivos ilícitos y todas las trapisondas jurídicas para evitar la erradicación de esos cultivos por métodos efectivos, eficientes y celeros, como es la fumigación de los mismos por aspersión aérea. Al ministro no le contaron toda la verdad, si es que en algún momento hubo conocimiento inmediato, que dentro del bombardeo había bajas de probables menores de edad.
Tengo la plena convicción que si el ministro Botero hubiese tenido conocimiento previo o posterior, de manera fidedigna e inmediata él mismo de manera tajante hubiere hecho la denuncia pública y con alcance a los tribunales internacionales, a donde tiene que llegar este caso de manera inmediata. ¿Cuántas burlas mas necesita el Estado de derecho colombiano por parte de la ilegalidad? ¿Cuál es la motivación para el empresariado que paga impuestos para ser productivos dentro de la legalidad, mientras que la delincuencia hace a sus anchas? ¿Cuál es el mensaje a las nuevas generaciones, que ven un estado débil frente a la delincuencia pero guapo con el empresariado ahorcado de impuestos?
Es urgente la confección de un informe interinstitucional, liderado por el presidente de la República y el Fiscal General de la Nación, que sea presentado al Fiscal adjunto a la Corte Penal Internacional, con el objeto de que se adopten medidas para evitar el feroz flagelo del reclutamiento de menores, y salvaguardar la responsabilidad objetiva del Estado colombiano en este bárbaro flagelo.
La CPI cuenta con todos los instrumentos para llevar a juicio a los máximos responsables del reclutamiento de menores, así esos hoy posen de víctimas y gocen de credenciales de congresistas. Lo más lamentable de todo es que hoy las disidencias obligan a las familias a dar una cuota a la guerra, la cual consiste en entregar uno de cada dos hijos a la violencia. Lo peor es que los que promulgaban la paz de Santos hoy lo aceptan.