Pacho Santos, el mismo que propuso en 2011 electrocutar a los estudiantes que protestaban en las calles del país, y que de acuerdo con declaraciones de Salvatore Mancuso propuso también la creación de una célula paramilitar en la capital de la República, aseguró hace poco en una entrevista que “si en Colombia existiera una justicia seria, Álvaro Uribe no sería investigado”. Siempre he creído que si en Colombia existiera una justicia seria, Uribe Vélez estaría preso, y no solo por un delito sino por la gran mayoría de las investigaciones que reposan en su contra, desde hace más de 20 años, en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. El asunto aquí no es solo de pruebas, como esgrimen algunos de sus seguidores, sino de los cojones que le hacen falta a la justicia. Por menos fue condenado el expresidente peruano Alberto Fujimori, y Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá, terminó en la cárcel por ordenar “chuzar” los teléfonos de sus contradictores políticos.
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Álvaro Uribe Vélez, al igual que el mítico Al Capone, ha hecho, como dice el dicho popular, hasta para vender. Y en cada uno de los delitos que se le atribuye, la justicia ha mirado siempre para otro lado. No es fortuito, entonces, que de los 280 procesos en la Comisión de Acusaciones ninguno haya pasado de la etapa preliminar, ya sea porque los representantes encargados de darles continuidad hacen parte de la tolda política del expresidente o porque las recusaciones se han convertido en el extraño juego que permite la dilación de los procesos. De nada ha servido que los jefes paramilitares, los que contribuyeron con el megaproyecto de refundar el país, hayan declarado una y otra vez ante la justicia cómo fue su aporte a la campaña para que el candidato Uribe Vélez cumpliera su sueño de ser presidente de Colombia.
Si el asunto solo fuera de pruebas, bastarían las declaraciones del excoronel y mercenario israelí Yair Klein, quien ha dicho en un sinnúmero de entrevistas para la prensa internacional cómo fue su llegada a Colombia, quiénes lo recibieron y quiénes le pagaron para llevar a cabo esa empresa criminal de entrenar a un grupo de matones para proteger la vida de los grandes ganaderos y terratenientes del país. Si el asunto fuera solo de pruebas, habría que preguntarse por qué muchos de los que testifican ante la justicia contra este señor terminan asesinados o sentenciados a muerte.
En una de tantas entrevistas a Klein se lee que “viajó a Colombia con permiso del gobierno de Israel porque en su país es legítimo prestar sus servicios contra el terrorismo”. Ahí dice además que el hacendado que le pagó, a través del gremio de ganaderos, se convirtió luego en presidente de Colombia: Álvaro Uribe Vélez. En un país donde la justicia sea sería un señor con semejantes señalamientos jamás hubiera llegado a ser presidente. Un señor que se refiere (en una llamada telefónica interceptada a un mafioso) a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia como “esos hijueputas nos están escuchando”, jamás podría ostentar un cargo público de semejante envergadura como es el manejo de una Nación.
El asunto no son solo las pruebas que reposan en la CSJ, ya que las que se hallaban en la sede de la Fiscalía (gracias a los buenos oficios de Martínez Neira) han ido desapareciendo. Salvatore Mancuso, no obstante, desde su sitio de reclusión en EE.UU. ha declarado numerosas veces (vía Skype para la Corte Suprema) que su relación con Álvaro Uribe viene de la época en que salió de la gobernación de Antioquia, y que su primer encuentro se dio en la finca El Ubérrimo, en compañía del entonces comandante de la Policía del departamento, coronel Raúl Suárez. Ha hablado mil veces del gran temor que le profesa al expresidente “porque es capaz de hacer cualquier cosa” con tal de silenciar a sus enemigos políticos.
De manera que si Uribe no está preso, no es porque no haya suficientes pruebas que lo involucren en los delitos por los que se le acusa. Lo que existe en realidad es, en parte, un gran temor de los funcionarios judiciales de ser amenazados de muerte y de cómo esto pueda afectar a sus hijos, esposas y familiares. Es el temor de tener que abandonar el país (como ya ha pasado con periodistas y líderes políticos) una madrugada porque los organismos encargados de brindarles protección carecen del personal necesario y de la logística para salvaguardarles la vida.
Lo anterior ha creado el mito de que Uribe Vélez es un hombre milagroso, blindado por la providencia, ya que suele caminar en el agua sin hundirse y meterse en una piscina y salir seco. Esto quedó evidenciado con el escándalo de los llamados “falsos positivos”, con las “chuzaDAS”, con el robo de miles de millones de pesos de Agro Ingreso Seguro, con el asesinato de Tito Díaz a manos de Salvador Arana, a quien luego nombró embajador de Colombia en Chile, con su guardaespaldas el general Santoyo, con la llegada de Job, un reconocido sicario a la Casa de Nariño sin que él, siquiera se hubiese enterado, con la conformación de la banda criminal “Los 12 apóstoles”, por la que su hermano está siendo investigado, por la “yidispolítica”, ese proceso de compra-venta de votos en el Congreso que lo llevó por segunda vez a la Presidencia de la República, por la célebre masacre de El Aro y el extraño accidente de Pedro Juan Moreno.
Hoy, a pesar de su blindaje milagroso, el “Gran Colombiano” ha dejado ver que tiene miedo, que el llamado que le hizo la Corte puede ser el último y definitivo que le abra las puertas de la prisión. Y, como el celebrado Al Capone, caiga por un delito que, en comparación con los otros que se les señala, pueda resultar menor ante los ojos de sus fans. Pero delito, al fin y al cabo.
En Twitter: @joaquinroblesza
Email: robleszabala@gmail.com
(*) Magíster en comunicación.