El año pasado fueron cerrados dos albergues de perros y gatos –en Sibaté y El Rosal– por maltrato animal. Un tercero en Zipacón ha suscitado movilizaciones de ayuda, desde hace más de tres años, por las dramáticas condiciones en las que han sido hallados los animales en reiteradas ocasiones. Los tres son ejemplos de un problema que merece la mayor consideración por las vidas animales, y a veces humanas, en juego.
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Casi siempre son situaciones que repiten el mismo esquema. Personas que inician una encomiable labor altruista de rescate de animales, poco a poco van perdiendo la cordura. Lo que empieza como un deseo de socorrer a los más necesitados termina convertido en un delirio de acumulación que produce víctimas contables por huesos. De repetente, faltan el alimento y el agua. Cortan los servicios. No hay para medicinas y menos para esterilizaciones. Las precarias adecuaciones físicas se vienen abajo por falta de mantenimiento, y se desata una cadena de errores que conducen a la fatalidad.
A la vez, los animales no paran de llegar. Provienen de veredas, de otros municipios, de abandonistas citadinos y del mismo albergue que hace tiempo dejó de esterilizar. Como no hay donde ubicar a los nuevos ‘rescatados’, cualquier lugar sirve. Un baño, un rincón de la cocina o una bodega en la que jamás entra el sol y donde cuesta respirar. Además, siempre hay un palo al cual atar una cuerda o un cartón para echar en el piso. Al final, donde hay cuarenta gatos caben cincuenta, o qué más da ubicar veinte perros sin castrar en un mismo encerramiento. Todo vale, con tal de ‘ayudar’.
Como es obvio, las enfermedades virales se propagan por doquier. El hambre, los padecimientos y el cautiverio engendran tristeza y estrés. La muerte llega en desbandada.
Entre tanto, la misma angustia turbadora conduce al altruista a la soledad. Se niega a entregar animales porque duda de las buenas intensiones de los demás. Apenas se atreve a pedir ayuda en alimento tras algún episodio crítico (cuando lo ve). O resignado, deja de tocar las puertas de la alcaldía de turno cuya desidia es, en buena medida, responsable de esta espiral.
Evidentemente, no todo es fatiga por compasión. También hay mercaderes que ven en refugios una opción para enmascarar criaderos, y albergues públicos, como el de Marinilla (Antoquia), donde los perros permanecen encadenados y los tejados de las casuchas rotas son restos de latas o bolsas plásticas. Una vileza que debería ser sancionada por maltrato animal, inmoralidad pública y dilapidación de los recursos del estado.
Hoy los albergues de perros y gatos en Colombia son un desierto normativo que hace que muchos ‘funcionen’ sin Dios ni ley. No hay una norma que los reglamente con criterios de bienestar animal, ni entidades públicas que les presten acompañamiento y apoyo a quienes desean, honestamente, ayudar a los animales. Por eso hacinarlos es fácil. Criarlos ilegalmente también.
Una buena norma bien implementada es más que urgente. Ayudaría a enrutar los altruismos descarriados en el camino del activismo eficiente, aportaría una buena dosis de razón a la compasión, evitaría persecuciones a quienes hacen las cosas bien y pondría a raya a los pícaros que solo explotan o maltratan a los animales. Por supuesto, tendría que avanzar a la par del cumplimiento de las responsabilidades del estado, cuya parálisis es la base de los males que aquejan a los animales en el país.