La Constitución de 1991 hizo esfuerzos en dejar de manera expresa, en su artículo 44, la superioridad y constitucionalidad de los derechos de los niños, tales como la vida, la integridad física y la protección de todo abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica, trabajos riesgosos, pero sobre todo el literal que indica que el derecho de los niños prevalece sobre los demás. La semana que pasó se armó una tormenta por el trino del expresidente y senador Álvaro Uribe, en el cual sin mayores detalles se indicaba que el columnista Daniel Samper Ospina era un violador de normas que atropellan a los menores.
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Si bien es cierto que a nadie le gustaría ser llamado violador de una manera pública, y menos en una red social, tampoco es menos cierto que desde la dirección de la revista SoHo muy probablemente se transgredieron normas de orden publico, referentes a la protección de menores y la prohibición taxativa de cualquier explotación económica, o divulgación de imágenes de contenido, sugestivo erótico o sexual con menores de edad, inclusive tratándose de tener autorización de sus padres, en razón que las normas de protección de los menores son de obligatorio cumplimiento inclusive de los padres. De no ser así, se abriría una compuerta gigante a futuro, para que terceros o inclusive padres explotaran sexualmente a sus hijos menores porque tienen su autorización o consentimiento.
Nuestra sociedad ha tenido en los últimos años un gran contenido de degradación de los valores, la conversión de estos ha llevado a la sociedad a tolerar de algún modo el matoneo, el sicariato moral, anónimo o con rúbrica, la animadversión del derecho para acomodarlo a diferentes circunstancias, como también la constante aplicación de raseros jurídicos, políticos y mediáticos a muchas circunstancias parecidas o idénticas, con diferentes resultados según se desarrollen; es lamentable ver cómo hemos logrado tolerar y leer escritos donde se equipara el rostro de un ser humano con una toalla higiénica y nadie dice nada, o cómo tolerar que “manoseen” a un bebé con escritos sinuosos y tampoco pasa nada.
El país político y de opinión requiere con urgencia crear y fomentar un gran debate en donde se logre alinderar el respeto a la dignidad de la persona humana, con proporcionalidad al derecho a la información, a la libre expresión y a tener una opinión, pues no es posible que en razón de los anteriores derechos de protección constitucional se violente la dignidad de la persona humana, así sea en “chiste”. La razón es sencilla: la línea entre derechos a la libre expresión y la injuria o calumnia es más delgada que un hilo; pero llama más la atención que nadie se exaspere por la continuada violación por parte de las Farc a los derechos de los niños, y muy pocos manifestamos inconformismo.
El documento final de los acuerdos entre el gobierno y las Farc estableció la elaboración del Programa Especial de Reincorporación para Menores, el cual debió realizarse por parte del Consejo Nacional de Reincorporación en un máximo de 15 días a partir de la firma del Acuerdo Final y a la fecha no se han entregado todos los menores en poder de las Farc.
Cuánto daría por ver firmas para que se respetaran y cumplieran nuestros artículos 44 y 45 de la Constitución Política, como también lo consignado en los Acuerdos de La Habana en el numeral 3.2.2.5, de lo contrario no solo sería una violación a los acuerdos y de los Derechos de los Niños, sino también una burla y afrenta a la Constitución, la ley y lo pactado en La Habana.