La campaña que estuvo tan activa alrededor del plebiscito para aprobar o improbar los acuerdos con las Farc, el modelo de negociación adoptado por el Gobierno Nacional con el grupo ilegal, así lo resaltó en su momento la Corte Constitucional, en donde, en su sentencia de constitucionalidad del mecanismo de participación, dejaba de manera clara, expresa y contundente que el modelo de negociación y el texto de los acuerdos no fueran aprobados por la mayoría de los colombianos; no se entendería que la voluntad manifestada de los electores que marcaran el ‘no’ fuera la malquerencia de la paz, sino la inconformidad con el texto de los acuerdos y el texto que los expresaría.
El ritmo de la campaña fue demasiado leonino a favor de quienes estaban promoviendo el ‘sí’, en razón de los múltiples comités de promoción con recursos “millonarios” en los que la máxima era ganar o ganar. Mientras estos comités contaban con bastantes recursos y “financiación” de todo tipo, inclusive la promoción publicitaria en todos los portales de internet de todas las entidades del Estado, hasta múltiples promociones en radio, prensa y televisión, nunca se le presentó a la ciudadanía el paquete total de los acuerdos, ni los ejes temáticos a quienes no contaban con el conocimiento de los mismos. Nunca se supo a ciencia cierta qué se negoció y en qué condiciones.
A la fecha, el catálogo de concesiones a las Farc o la mayoría de los textos de la negociación son un total misterio, no se les hizo la publicidad debida, incluso luego de haber ganado el ‘no’ en el plebiscito se improbaba la totalidad de los acuerdos, nunca se hizo una matriz de comparación de los que fueron improbados por la ciudadanía y los cambios o incorporaciones a los que denominan “nuevos acuerdos”; la campaña del ‘no’ se resumió a indicar los riesgos que representaba para la democracia la implementación de esos acuerdos con las Farc, que no era nada fuera de la realidad, se centró todo en indicar los ejes temáticos en lo que se veía venir.
Como era la posibilidad de sustituir la Constitución modificando por el constituyente derivado, apelando a nuevas reglas de procedimiento para ese propósito, a eso le denominaron fast track, es decir, lo que se debe hacer en ocho debates que se haga en cuatro, “rápido que hay afán”, así las cosas la incorporación a la Constitución de una justicia transicional que no será tan transicional, en donde le ponen a la Corte Suprema de Justicia un tribunal de mayor jerarquía, prácticamente dejó de ser suprema, la posibilidad de abrir procesos judiciales que ya han hecho tránsito a cosa juzgada, es decir se “constitucionaliza” la inseguridad jurídica y la temeridad de la rama judicial en Colombia.
Uno de los debates en la campaña fue la posibilidad de que a los desmovilizados de las Farc se les asignara salarios superiores o iguales a tres salarios mínimos, y que los desmovilizados tendrían la posibilidad de rearmar su seguridad personal, la semana pasada se firmó un decreto, el 302 de 2017, el cual plasma esa situación, mientras a la ciudadanía se le cercena la posibilidad de contar con un arma de fuego para su seguridad personal, a las Farc se le entrega la prerrogativa de rearmarse. Si esto no es castrochavismo o socialismo del siglo XXI, ¿cómo le llamamos?, ¿qué pasa en las zonas de concentración en las que no hay control con la entrada y salida de milicianos?
