A raíz de mi columna de la semana pasada sobre conflictos vecinales por la convivencia con perros y gatos en conjuntos residenciales y comunidades, me enteré de varios casos de personas que están sufriendo acoso o han tenido que dejar sus viviendas por amenazas. El calvario de compartir espacios cotidianos con gente capaz de llevar al extremo su desprecio por los animales e intolerancia a las opciones de vida distintas a las suyas, ha empujado a los perseguidos a armar rancho aparte o a atrincherarse en sus propias casas.
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Es el caso de una abuela y sus gatos, tan ancianos como ella, que está siendo acosada no solo por sus vecinos, sino por una funcionaria de un hospital de Bogotá. El hostigamiento telefónico y presencial que esta empleada está ejerciendo para que la abuela le entregue a sus gatos, tiene a la mujer recluida y muerta de miedo. Ahí hay gato encerrado. Los funcionarios se vuelven dis-funcionarios cuando asumen con ensañamiento una situación que, en cambio, requiere de apoyo y humanidad.
Esta sospechosa gestión, por excesiva, no es un caso aislado. Tampoco lo es el de inspectores de Policía y alcaldes locales, que ante las quejas ciudadanas por crueldad contra animales, disparadas por la ley 1774 de 2016, mandan a decir, campantes, que ese asunto no es de su competencia. Ambos son dis-funcionarios que pecan por exceso o por omisión.
¿Cómo lidiar con las agendas personales de servidores públicos que en vez de desactivar los conflictos los agravan o dejan la justicia al garete? ¿De cuándo acá es más urgente e importante liberar a vecinos jodones de la presencia callada de gatos octogenarios que intervenir eficientemente en un caso de violencia contra un animal?
Sorprende que escenarios de conflictividad tan masivos, vulnerables a toda clase de atropellos y generadores de violencia como estos, que además minan la convivencia o la amotinan en torno al odio, no estén siendo asumidos por los gobiernos ni las justicias locales.
Con respecto a la propiedad horizontal, esta pareciera estar operando, en ocasiones, como zonas de conflicto donde prima la ley del administrador-gamonal o de la comunidad-agavillada para imponer su propio orden. Incluso, el desplazamiento que generan estos pequeños tiranos podría ser una versión no clasificada de “desplazamiento forzado” por otras violencias.
Casos como el de una administradora que multa a quienes alimentan a las tórtolas en un conjunto de Medellín, el de un reyezuelo que impuso un máximo de dos animales permitidos por apartamento so pena de inspección y decomiso, y el de otro compadre que armó una jaula para encerrar a los gatos de los residentes y cobrar por su rescate, son ejemplos pasmosos de la disfuncionalidad de quienes usan su pequeño poder para atropellar.
Colombia es el mundo al revés. Aquí, dis-funcionarios públicos crean o atizan, por acción u omisión, pequeñas guerras todos los días. Ahora que pensamos en la paz y sus maneras de alcanzarla y mantenerla, sería necesario incluir en la reflexión la importancia de las justicias locales en conflictos cotidianos que también producen víctimas y siembran resentimiento, rabia y dolor.
*Las opiniones expresadas por el columnista no representan necesariamente las de PUBLIMETRO Colombia S.A.S.