En el Congreso se tramita una reforma a la Constitución para permitir la elección popular de alcaldes locales. La propuesta pretende profundizar la democracia y la descentralización, sin embargo los alcances de la reforma son muy preocupantes pues el espíritu central de la misma no ataca algunos de los problemas fundamentales de las localidades: las competencias de los alcaldes locales, la articulación entre alcaldías locales y la Alcaldía Mayor o las facultades de control político de los ediles. En muchos aspectos, la propuesta puede dejar a Bogotá sumida en una profunda desorganización.
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La ciudad sufre de una profunda disparidad entre sus localidades, el diseño de las mismas ha permitido que algunas tengan poblaciones enormes, como Suba y Kennedy, que superan el millón de habitantes, mientras que otras como Los Mártires, La Candelaria y Sumapaz no superan los 100.000 habitantes. Para los bogotanos es claro que estas no son las únicas diferencias.
Un alcalde elegido popularmente querría cobrar e invertir sus propios impuestos. Hoy en día, las localidades tienen un avalúo catastral y una actividad económica muy dispar que hace que algunas de estas tengan suficientes recursos para mejorar sus condiciones y otras que apenas pueden subsistir. Usaquén, Chapinero y Suba son las tres localidades que más impuestos recaudan en Bogotá, de acuerdo con información de la Dirección de Impuestos Distritales, entre las tres recaudan la tercera parte de los impuestos de predial, vehículos e industria y comercio. Para poner un simple ejemplo, Usaquén recauda 170 veces más impuestos que Usme a pesar de que tienen poblaciones parecidas. Por habitante, Chapinero recauda $2,7 millones, mientras que Usme apenas logra recaudar $5992 por persona.
Las cifras son contundentes, el Distrito logra una acción redistributiva muy importante para evitar que se concentren la pobreza y la segregación. En ese sentido, la bolsa de recursos recaudada por el Distrito permite focalizar acciones para atender a las poblaciones más vulnerables y garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios públicos en igualdad de condiciones.
Vale la pena revisar la experiencia internacional. Lima tiene un sistema de gobierno en el que el alcalde de la Municipalidad Metropolitana tiene funciones como alcalde de toda la ciudad y en cada localidad hay un alcalde local elegido por voto popular, en la ciudad la desarticulación es frecuente con el agravante de que cada alcalde puede cobrar los impuestos a su antojo, lo que ha permitido a los territorios más ricos consolidarse y a los más pobres acentuar las bajas condiciones de sus habitantes.
En Santiago de Chile pasa algo más complicado: la ciudad está formada por 42 localidades, cada una con su propio gobierno sin la existencia de una autoridad que rija en toda la ciudad, allí el Gobierno Nacional debe embarcarse en grandes proyectos, como la construcción del Metro, mientras que otras iniciativas dependen de la voluntad política de los alcaldes locales.
Cuando uno ve las intenciones de la propuesta encuentra que no ha logrado acertar en el diagnóstico, no es correcto pretender que el Gobierno va a ser más cercano porque haya elección popular de alcaldes locales. En cambio, es necesario revisar las competencias de las alcaldías locales para que respondan a las necesidades de los territorios y se conviertan en efectivos agentes del Gobierno distrital en toda la ciudad.