En este caso los funcionarios que reciben la denuncia se convirtieron en el principal obstáculo para una mujer que decidió denunciar.
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El 17 de septiembre Katherin Moreno tomó una de las decisiones más importantes de su vida, ir hasta el CAIVAS, Centro de Atención Integral de Víctimas de Abuso Sexual, para denunciar a uno de sus familiares por haberla abusado sexualmente en múltiples oportunidades desde cuando era niña.
Se acercó a la oficina de atención ubicada en San Diego a las 8:30 a.m. de ese viernes y recuerda que solo había otra persona delante de ella. “Esta persona ingresó primero. Pasó más de una hora y media para que me pudieran atender. Aunque se veía que había varios funcionarios, solo una mujer estaba recibiendo las denuncias”, comentó Katherin a PUBLIMETRO.
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Luego de cerca de dos horas esperando bajo el potente rayo del sol, uno de los celadores se compadeció de Katherin y la guio a donde otro de los funcionarios que sabía que podría prestarle la atención que requería y que se encontraba en el segundo piso de las instalaciones.
“Cuando subimos nos encontramos con un funcionario hombre. El celador le pidió el favor que me atendiera porque venía a poner una denuncia. El funcionario lo que hizo fue mirarnos de manera despectiva y preguntó si es que no había alguien más que pudiera atenderme. El celador le contestó que sí había más funcionarios, pero que la otra persona estaba ocupada y que yo llevaba mucho tiempo esperando”, agregó.
En ese momento el funcionario hizo que Katherin volviera a salir y esperara unos cuantos minutos. “Cuando ingresé me pidió mi cédula y me preguntó en qué me podía ayudar, le dije que me estaba presentando para instaurar una denuncia por abuso sexual. Le dije que tenía todos los hechos del caso organizados, porque habían sido varios episodios. Además, que había llevado una documentación para agregar a la denuncia. Pero, inmediatamente cuando yo iba a empezar a relatar los hechos él me paró, me dijo que no, que le indicara primero los años en los que habían ocurrido los hechos”, comentó.
De inmediato Katherin le empezó a mencionar los años en los que habían ocurrido los abusos. “Le dije que empezaron en 1996, cuando yo tenía 8 años; y siguieron en 1999, cuando yo tenía 11 años; y en el 2002, cuando tenía 13 años. Él de una vez me frenó y me dijo que esperara porque eso había sucedido hace muchos años. Me preguntó que por qué pasó tanto tiempo sin denunciar. Le dije que había sido por miedo y porque no era algo fácil. Que ahora que estaba en un proceso psiquiátrico me había ayudado a tener las herramientas para poder hablar. Además, porque en mi familia había muchos episodios de abuso sexual, por lo que mi familia estaba muy complaciente con este tema y yo no había sentido el apoyo para denunciar”, dijo.
Sin embargo, la respuesta del funcionario fue lo que más sorprendió a Katherin, “me dijo que él no podía llevar a toda mi familia a declarar. Le dije que el problema es que dentro de mi familia había otras víctimas del mismo abusador y que eran casos más recientes con dos primas, que incluso hay una menor implicada, y que estarían dispuestas a declarar si yo denunciaba”.
El funcionario le preguntó si tenía videos, fotos o pruebas de lo que estaba denunciando o si sus primas, las que también había sido víctimas, habían sido testigos. “Le dije que no, pero que tenía informes médicos míos. Pero, me dijo que no me podía recibir la denuncia porque en mi caso ya aplicó la prescripción. Le dije que él debía solo recibirme la denuncia y que le correspondía al fiscal o al juez determinarlo durante el proceso”, indicó.
Ante la respuesta el funcionario le dijo que esperara que debía consultarle a una fiscal. “Me indicó que bajara a hablar con ella. Ella estaba en una reunión virtual y me dijo que me escucharía por un ladito. Luego me dijo que no podía recibirme la denuncia que porque si lo hacía el juez le podría abrir un proceso. Al final me dijo que el problema somos nosotras que no sabemos elegir a nuestros congresistas que son los que determinan la prescripción”, comentó.
Al respecto de lo sucedido Katherin es enfática al decir que “así en mi caso operara la prescripción, no le correspondía al funcionario determinarlo. Mi deseo de denuncia es para poder reivindicarme como mujer, dar a conocer mi historia y exponer a mi abusador y que esto no le pase a las mujeres. Además, con lo que viví encuentro que uno de los motivos por los que no denunciamos las mujeres es porque desde la puerta de los establecimientos hay trabas, nos someten a violencia institucional, nos revictimizan y se materializa el miedo a ser juzgadas”, puntualizó.
Lo que dice la Fiscalía
PUBLIMETRO consultó a Fiscalía General de la Nación respecto a la prescripción e indicó que “el tiempo entre la ocurrencia de los hechos y la formulación de la denuncia es el de la prescripción de la acción penal. Una vez transcurrido el tiempo de prescripción La Acción no puede iniciarse. La prescripción es el tiempo máximo fijado para la pena en cada delito. A partir del año 2007 el tiempo de prescripción para las conductas punibles contra menores de edad es de 20 años contados a partir de que la víctima cumple la mayoría de edad”.
Además, ante el caso particular en el que el funcionario no recibió la denuncia dijo que “la mujer que se siente vulnerada porque no se le recibió la denuncia puede acercarse a la Coordinación del Caivas para poner en conocimiento la situación o colocar una queja formal”.
La frase
“Uno de los motivos por los que no denunciamos las mujeres es porque desde la puerta de los establecimientos hay trabas, nos someten a violencia institucional, nos revictimizan y se materializa el miedo a ser juzgadas”, Katherin Moreno.
La cifra
20 años contados a partir de que la víctima cumple la mayoría de edad es el tiempo de prescripción, indicó la Fiscalía General de la Nación.