Víctimas del conflicto piden a la JEP abrir caso de desapariciones

Desde hace casi 20 años, Luz Marina Hache luce un retrato plastificado colgado de un hilo morado alrededor de su cuello. Sobre él hay impresas una fecha -20 de noviembre de 1986, Bogotá- y un nombre -Eduardo Loffsner Torres-, aunque para Luz Marina él siempre ha sido «El Negro»: su compañero sentimental, militante político de izquierdas, al que busca desde entonces.

Luz Marina Hache es la portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), fundado en 2005, y que ahora reclama a la Justicia Especial para la Paz (JEP), el tribunal ad-hoc creado para investigar los crímenes del conflicto armado colombiano, que abra un macrocaso específico para los casos de desaparición forzada.

«La desaparición forzada ha sido sistemática y orientada desde el Estado. No es un fenómeno que apareció porque sí, tiene una explicación. En la degradación del conflicto armado que ha tenido Colombia empezó a utilizarse en contra de cualquier ciudadano, pero en sus inicios y hasta mediados de 1995 fue eminentemente contra activistas políticos y la JEP no ha querido abrir el caso», explica Hache en conversación con Efe en Barcelona.

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La portavoz del Movice es una de las tres defensoras de derechos humanos que han formado parte en la edición de este año del programa catalán de protección de defensores de derechos humanos, impulsado por la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado (CCAR).

Para Hache, la JEP «se ha quedado corta a la hora de buscar justicia», aunque puntualiza que no buscan una justicia «que le dé 20 años de cárcel al victimario», sino que permita «conocer la verdad», como qué le ocurrió exactamente a Eduardo Loffsner Torres el 20 de noviembre de 1986.

Luz Marina y Eduardo se conocieron en 1977 en la preparación del paro cívico nacional de ese año, una de las manifestaciones sociales de más impacto en la historia contemporánea de Colombia, aunque no lo volvió a ver hasta 1979, cuando él estaba preso en la cárcel La Picota de Bogotá por su militancia en la guerrilla del M-19 y ella formaba parte del comité de solidaridad con los presos.

Fue entonces cuando ambos entablaron una relación sentimental, tuvieron un hijo -estando él preso- y finalmente Eduardo recuperó la libertad en 1983 gracias a la amnistía del presidente Belisario Betancur a los integrantes del M-19.

El 16 de noviembre de 1986, Luz Marina se desplazó hacia la ciudad de Santa Marta y quedó con reencontrarse con Eduardo seis días después en Bogotá: él le dijo que la llamaría el día 20, aunque esa llamada nunca llegó.

Luz Marina sintió que la tierra la tragó cuando volvió a su casa en Bogotá.

«Estaba la cama tendida, una mesa, que era el único mueble que teníamos, con un libro abierto, nuestro florero, que era una botella de gaseosa. Él había colocado un rosa amarilla, porque eran las únicas flores que me regalaba, rosas amarillas, y sobre nuestra cama había un papel que decía, ‘amorcito, te extraño'», recuerda Luz Marina casi 35 años después.

Desde el día que desapareció, Hache buscó a su compañero durante todo un año por el país, hasta que su madre le dijo: «El Negro no está. Usted tiene unos hijos y tiene que responder por ellos».

Luz Marina continuó implicada en la actividad sindical, apoyando a familiares de presos y desaparecidos. En 2000 empezó a recibir amenazas telefónicas y en persona, hasta que sufrió un atentado del que no quiere dar detalles. Entonces abandonó Colombia por primera vez.

El destino de Luz Marina fue Lyon (Francia), donde estuvo 20 meses y donde coincidió con compatriotas que conocían a su compañero; fue entonces cuando decidió colgarse su retrato al cuello: «Desde ese día no he dejado de reivindicar que tiene que aparecer con vida y que alguien tiene que responder por lo que sea que hayan hecho con él», señala.

Ahora, desde el Movice, Luz Marina Hache ha asumido el caso del joven Dilan Cruz, un joven muerto tras recibir el impacto de un proyectil del escuadrón antidisturbios en noviembre de 2019.

Por su defensa y su implicación en las últimas protestas en Colombia, ha vuelto a recibir amenazas de muerte, esta vez en forma de panfletos firmados por las ‘Águilas Negras’, un grupo al que se considera heredero del paramilitarismo aunque de estructuras desconocidas.

Fue esta situación la que obligó a Luz Marina a volver a abandonar su país por amenazas, aunque ella admite que lo que más pesó a la hora de decidirse fueron las palabras de sus hijos: «Madre, usted ha hecho lo suficiente, nos sirve más viva que muerta».

Víctimas del conflicto piden a la JEP abrir caso de desapariciones.