La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar a miembros por determinar de la Policía Metropolitana de Santa Marta que participaron en el procedimiento policial de captura, custodia y conducción del empresario Enrique Rafael Vives Caballero, acusado de atropellar a un grupo de siete jóvenes en la madrugada del pasado 13 de septiembre. Procuraduría abre indagación a policías que detuvieron a Enrique Vives después de arrollar a 6 jóvenes.
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El ente de control informó mediante un comunicado que busca “establecer la existencia de presuntas faltas disciplinarias relacionadas supuestas irregularidades en el procedimiento realizado por los miembros de la Policía Nacional al momento de la captura de Vives Caballero y su disposición ante el juez de conocimiento”.
Por tanto, la Procuraduría ordenó la práctica de pruebas con la finalidad de identificar a los presuntos responsables, verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva en falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó el procedimiento policial por parte de los funcionarios adscritos a la Policía Metropolitana de Santa Marta.
Entre las pruebas decretadas se encuentran la visita del ente de control a la Fiscalía de Conocimiento de Santa Marta y a la Policía Metropolitana, a fin de obtener información sobre el accidente de tránsito que causó la muerte de seis jóvenes y dejó un menor de edad gravemente herido.
Además el abogado defensor de Enrique Vives recibe llamado de atención, tanto de la Procuraduría como de la juez, por testimonios que quiso introducir.
El jurista ha pedido que se desestime la solicitud de medida de aseguramiento contra empresario.
Procuraduría abre indagación a policías que detuvieron a Enrique Vives después de arrollar a 6 jóvenes
Sobre el caso
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Este viernes, la defensa de Vives ofreció una indemnización a las víctimas por medio del seguro de todo riesgo del vehículo. El monto propuesto por medio del seguro es de $4.000 millones sin aceptar la responsabilidad de los hechos ocurridos.
A este ofrecimiento, la defensa de las víctimas se negó a aceptar la propuesta del abogado de Enrique Vives. El abogado Rodrigo Martínez solicitó entonces que se embarguen los bienes del empresario para garantizar la reparación económica de las familias de las víctimas y para cubrir los 350 millones de pesos que exigen para los afectados.
