Un informe llamado ‘La Criminalización del aborto en Colombia’, que se presentará hoy, demuestra la forma en la que los casos de aborto son tratados en el país. Mujeres son perseguidas por la justicia por abortar.
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Esta investigación destaca que alrededor de 400 casos son llevados ante la justicia penal anualmente y que son las mujeres, adolescentes y niñas en situación de vulnerabilidad quienes están en mayor riesgo de ser criminalizadas.
De esta manera, un 12.5 % de los casos de aborto perseguidos por la justicia colombiana corresponden a mujeres entre los 14 y 17 años; y un 24 % de los casos que derivan en condena, corresponden a mujeres menores de edad.
Pero, lo que más llama la atención es que son mujeres en situación de vulnerabilidad las que terminan condenadas por decidir abortar.
Mujeres son perseguidas por la justicia por abortar
Cabe resaltar que los cinco departamentos en Colombia en los que se producen mayores condenas por aborto son Caldas (el 18.48 % de los hechos que dan inicio a un caso terminan en condenas); Boyacá (13.94 %); Santander (10.61 %); Tolima (8.48 %); y Norte de Santander (6.67 %). Bogotá es una de las ciudades en la que la mayoría de casos de criminalización contra las mujeres que deciden practicarse un aborto derivan en condena (13.33 %).
Son perseguidas
Este informe evidencia que las mujeres que deciden abortar tienen mayor probabilidad de sufrir procesos de persecución por parte de la justicia, que de recibir su respaldo cuando son víctimas de delitos asociados a violencias basadas en género. Es así como las condenas contra las mujeres que deciden abortar representan un 7,6 % de los casos, mientras que para los delitos de violencia intrafamiliar y acceso carnal violento las condenas representan un 1.14% y 3.38% respectivamente de los casos.
De hecho, el sistema de información de la Fiscalía General de la Nación constató que el “29,11 % de las mujeres indiciadas por aborto (910 mujeres) han sido vinculadas en calidad de víctimas de algún delito”, y que “42 % de estas mujeres presentó un historial de victimización previa” por delitos de “violencia intrafamiliar (12 %), lesiones personales (10 %), delitos sexuales (8 %), entre otros”.
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Al respecto, Ana Cristina González Vélez, cofundadora de La Mesa por la Vida, señaló que “el sistema colombiano opera tendenciosamente para condenar a las mujeres que deciden abortar y, en cambio, exonera a los hombres que ejercen violencia contra las mujeres, en el caso de la justicia”.
Los hallazgos de este informe, realizado por La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres en alianza con un equipo de investigadores de la Universidad de Los Andes, resultan cruciales para entender la pertinencia y necesidad de eliminar el delito de aborto del Código Penal como lo demanda ante la Corte Constitucional el movimiento Causa Justa.
