Caso de periodistas colombianos asesinados será estudiado por la CIDH. La noticia se conoció este sábado, 7 de agosto, y la celebraron los defensores de la libertad de prensa.
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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) celebraron la reciente decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de «estudiar el caso».
Periodistas colombianos asesinados
Se trata del caso de los periodistas colombianos Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres que asesinaron en 1991 mientras realizaban su trabajo.
«Esta decisión es un avance significativo en la lucha que por 30 años han tenido que librar los familiares de los periodistas (…) para acceder a la justicia y la verdad, y enaltecer la memoria de los periodistas«, indicaron en un comunicado conjunto.
El pasado 28 de julio, la CIDH decidió declarar la admisibilidad del caso de Chaparro y Torres contra el Estado colombiano.
«Esto quiere decir que la Comisión estudiará el fondo del caso y determinará si existió o no responsabilidad del Estado por la ausencia de una debida investigación y sanción de los responsables del homicidio de los periodistas, hechos que se mantienen en la impunidad«, dice el comunicado.
El caso
En abril de 1991, ambos comunicadores, quienes trabajaban para el medio El Espectador y se habían desplazado a Segovia, Antioquia. Allí investigarían la masacre paramilitar que había ocurrido tres años atrás. En esta, asesinaron a más de cuarenta personas.
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Cuando estaban en Segovia, asesinaron a los periodistas. Según la investigación que adelanta la Fiscalía, los hechos los ejecutaron guerrilleros del Ejército Nacional de Liberación (ELN), recapitula la SIP.
En diciembre de 2011, la SIP presentó el caso a la CIDH basándose en la falta de resultados.
«La investigación no ha avanzado y se ha caracterizado por largos periodos de inactividad, errores durante el trámite de indagación y la falta de aplicación de los estándares internacionales para la investigación de los crímenes contra la prensa«, indicó.
«Ante esta situación, el Estado colombiano desconoció su responsabilidad en el caso y valiéndose de argumentos procesales sostuvo que la petición era infundada«, agregó el documento.
Para Daniel Chaparro, hijo de Julio Daniel, esta decisión representa un paso significativo en la búsqueda de justicia y verdad. Hasta el momento, después de 30 años, no ha encontrado una debida investigación por parte de la justicia colombiana.
«Las organizaciones continuaremos acompañando a las familias en la lucha contra la impunidad y en los próximos meses remitiremos observaciones de fondo sobre el caso, con el ánimo de que el trámite se surta de manera diligente y dentro de un plazo razonable por parte de la Comisión«, publicó este viernes en su web la FLIP, representante de las familias Chaparro y Torres.
