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Ya es un hecho: presidente sancionó la Ley de Comida Chatarra en Colombia

Conozca los detalles de esta nueva ley que avanza en una alimentación informada.

Este jueves el mandatario avanzó en la implementación de esta ley en el país. Ya es un hecho: presidente sancionó la Ley de Comida Chatarra en Colombia.

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Desde hoy entrará en rigor para ser implementada la Ley de Comida Chatarra, o de etiquetado frontal. El autor de la propuesta, Mauricio Toro, celebró la sanción de la Ley por parte del presidente Iván Duque.

Según el representante Toro esta ley ayuda en la implementación de una nutrición informada. Además, también comentó que esta ley avanza en el cumplimiento y respeto por los derechos a la salud y a la información.

En el documento de la ley, se habla de que con esta se podrían prevenir enfermedades no transmisibles. Además, se espera que esta brinde un aporte mediante el acceso a la información «clara, veraz, oportuna, visible, idónea y suficiente».

La Ley será aplicada en todo el territorio nacional y contemplará a todos los actores implicados en este tema.

Ya es un hecho: presidente sancionó la Ley de Comida Chatarra en Colombia

Esta ley exige que las etiquetas de la comida chatarra tenga un etiquetado frontal con información clara sobre sus componentes.

Le Ley, para consulta pública, es la No. 2120 del 30 de julio de 2021. En los alimentos ultraprocesados, se deberá tener un etiquetado correspondiente a una tabla calórica veraz. Esto con información de azúcares, sodios y grasas.

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Toro declaró que la lucha por la aprobación de esta ley fue muy difícil, ya que muchos gremios se opusieron. Incluso, el representante comentó que el mismo Ministerio de Comercio se habría opuesto a la iniciativa.

Sin embargo, la presión ciudadana habría logrado que se aprobara el proyecto. Para concluir, el representante comentó que una aclaración fundamental es que esta ley no prohíbe nada, ningún tipo de alimento.

La propuesta principal es que la industria etiquete los productos con información verídica y simple. Esto con el objetivo de que los ciudadanos tomen mejores decisiones al momento de alimentarse.

Ahora, con esto, el Gobierno tiene 1 año de plazo para ajustar la resolución y adoptar un etiquetado que cuente con la mayor evidencia científica.

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