En medio del caso 03 de la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP) se produjo una nueva imputación. Otros 15 militares imputados por la JEP en caso ‘falsos positivos’.
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Esta vez, fueron 2 coroneles y 13 militares más los imputados por los llamados ‘falsos positivos’ o ejecuciones extrajudiciales.
La imputación estuvo a cargo por la JEP, la instancia encargada de investigar en este caso a quienes habrían sido responsables en estos lamentables asesinatos.
Los 15 militares que se sumaron a la lista de responsables de haber participado en ‘falsos positivos’ fueron acusados por 126 asesinatos y 120 desapariciones forzadas en la región del Caribe.
Esta imputación se da en el marco del segundo auto del caso de ejecuciones extrajudiciales, que eran asesinatos de civiles que se hacían pasar como guerrilleros o colaboradores de la guerrilla.
Cabe mencionar, que ya esta instancia realizó una imputación a otros miembros del Ejército en el marco del mismo caso.
Otros 15 militares imputados por la JEP en caso ‘falsos positivos’
El magistrado de la JEP, Óscar Parra, declaró que «La JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a otros 15 miembros del Ejército por falsos positivos en la costa caribe«.
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Este caso se refiere específicamente a 2 coroneles, 6 oficiales, 4 suboficiales y 3 soldados del batallón La Popa. Este batallón tiene sede en la ciudad de Valledupar, capital del departamento del Cesar.
El modus operandi
Adicionalmente, un magistrado Óscar Parra, habría revelado los cuatro modos de operación para cometer estos crímenes. Una de las maneras era entregar detenidos a las Autodefensas Unidas de Colombia, grupo paramilitar.
Además, las víctimas habrían sido asesinadas luego de ser señaladas como guías o informantes de pertenecer o auxiliar a esta guerrilla. Otra revelación es que las personas eran asesinadas luego de ser señaladas por integrantes de la comunidad.
Por último, el magistrado comentó que las víctimas eran guerrilleros heridos o miembros de grupos armados que se entregaban en el batallón.
El magistrado también acotó que la Justicia Penal Militar no investigó bien estos hechos en su momento. Esto confirmaría la replicación de una conducta que venía siendo utilizada.
En este sentido, la JEP declaró que estas actuaciones se dieron en connivencia con grupos paramilitares y con la intención de dar resultados en las operaciones que adelantaba el batallón. Además, las recompensas que se ofrecían por las bajas eran vacaciones, permisos y hasta pagos en efectivo con dinero de recursos públicos.
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