La justicia dictó sentencia en este caso. A prisión excongresista Luis Alberto Gil por caso Santrich.
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Por tanto el Juzgado Noveno Penal Especializado de Bogotá condenó a cuatro años y medio de prisión al excongresista Luis Alberto Gil Castillo.
Esto la verificar el material de prueba y los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación por su participación en una red criminal.
Al respecto esta organización ofrecía sus servicios para interceder o entregar información privilegiada de procesos judiciales y administrativos.
El sentenciado, mediante preacuerdo, había aceptado los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y tráfico de influencias.
Ese reconocimiento fue avalado por la juez de conocimiento, quien lo declaró responsable de las citadas conductas delictivas, en calidad de cómplice.
Cabe recordar que Gil Castillo es capturado en flagrancia el 1 de marzo de 2019, en un hotel del norte de Bogotá.
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A prisión excongresista Luis Alberto Gil por caso Santrich
En el momento del procedimiento estaba reunido con otros señalados integrantes de la organización ilícita que negociaban con una tercera persona distintas acciones y maniobras para congelar o dilatar un trámite relacionado con la extradición a Estados Unidos de Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias ‘Jesús Santrich’.
Simultáneamente al encuentro, en otro hotel, dos hombres recogieron una maleta con 460.000 dólares, que correspondían al pago por la mediación ilícita.
La Fiscalía habría infiltrado a uno de sus hombres para que el fiscal, que ya estaba bajo sospecha, incidiera en la extradición de Jesús Santrich.
Sin embargo, se demostró que el fiscal no incidió en el proceso del exlíder guerrillero.
La juez señaló que los implicados conformaron una empresa criminal y dañaron el nombre de la institución de la Justicia para la Paz.
En medio de la diligencia, se habló de investigar las pruebas que presentó la Fiscalía.
El fallo condenatorio impone al excongresita una multa de 1.424 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por cinco años.
La decisión es de primera instancia y contra la misma proceden los recursos de ley.
