La Jurisdicción imputó a 15 miembros del batallón militar en caso de ‘falsos positivos’. JEP revela que militares entregaban detenidos a las AUC en batallón La Popa de Valledupar.
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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó el pasado miércoles a militares por crímenes de guerra y lesa humanidad en el caso 03. Cabe mencionar que este caso es por muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, que se conocen como ‘falsos positivos’.
Los miembros del Ejército habrían cometido homicidio en persona protegida y desaparición forzada de personas. Además, el crimen de guerra de homicidio.
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La JEP también determinó que los autores mediatos de los hechos fueron dos tenientes coroneles. El primero, Publio Hernán Mejía Gutiérrez, comandante del Batallón de Infantería No. 2 La Popa entre 2002 y 2005. El segundo, Juan Carlos Figueroa, que sucedió a Mejía entre 2004 y 2005.
JEP revela que militares entregaban detenidos a las AUC en batallón La Popa de Valledupar
Además, la Jurisdicción habría determinado que «El 87% de los resultados operacionales durante la comandancia del coronel Mejía fueron determinados por la Sala de Reconocimiento como asesinatos y desapariciones«.
Adicionalmente, un magistrado Óscar Parra, habría revelado los cuatro modos de operación para cometer estos crímenes. Una de las maneras era entregar detenidos a las Autodefensas Unidas de Colombia, grupo paramilitar.
Además, las víctimas habrían sido asesinadas luego de ser señaladas como guías o informantes de pertenecer o auxiliar a esta guerrilla. Otra revelación es que las personas eran asesinadas luego de ser señaladas por integrantes de la comunidad.
Por último, el magistrado comentó que las víctimas eran guerrilleros heridos o miembros de grupos armados que se entregaban en el batallón.
El magistrado también acotó que la Justicia Penal Militar no investigó bien estos hechos en su momento. Esto confirmaría la replicación de una conducta que venía siendo utilizada.
En este sentido, la JEP declaró que estas actuaciones se dieron en connivencia con grupos paramilitares y con la intención de dar resultados en las operaciones que adelantaba el batallón. Además, las recompensas que se ofrecían por las bajas eran vacaciones, permisos y hasta pagos en efectivo con dinero de recursos públicos.