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Corte Suprema acusa a Aída Merlano por violar límites de gastos electorales en su campaña

En un nuevo proceso en su contra.

Publimetro

La justicia sigue tras la pista de la excongresista fugada en Venezuela. Corte Suprema acusa a Aída Merlano por violar límites de gastos electorales en su campaña.

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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó a la excongresista Aída Merlano Rebolledo.

Por tanto Merlano deberá responder por el delito de violación de topes o límites de gastos electorales en su pasada campaña al Senado de la República.

De acuerdo al proceso contra la prófuga excongresista, el alto tribunal halló que se realizaron múltiples movimientos financieros cuando era candidata.

Según la investigación, estas sumas de dinero habrían terminado en la campaña de Aída Merlano, superando los topes definidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Corte Suprema acusa a Aída Merlano por violar límites de gastos electorales en su campaña

Estos topes están consignados en la resolución 2796 del 8 de noviembre del 2017, que impone un límite de gastos de 884.131.163 millones de pesos. Los de Merlano resultaron superiores.

«En estas acciones de flujo de dineros superior al tope legalmente establecido por la autoridad electoral, habría participado la entonces candidata al Senado Aída Merlano, en calidad de coautora», explicó la Corte.

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Según el organismo, de ese expediente se derivaron procesos contra dirigentes políticos y un empresario del Atlántico, quien era pareja y financiador de la campaña de la excongresista:

“Cuyo hermano habría hecho un préstamo bancario del que terminaron girándose cheques por altas sumas de dinero para la campaña de Merlano entre enero y marzo de 2018”, señala la Corte.

Corte Suprema acusa a Aída Merlano por violar límites de gastos electorales en su campaña

Cabe recordar que la excongresista se fugó de un consultorio odontológico en Bogotá el primero de octubre de 2019, bajando por una soga.

Por tanto estaba pagando una condena de 15 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado y coautoría en corrupción al sufragante.

En síntesis, la pena se rebajó a 11 años.

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