La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de Colombia decidió imputar este martes a diez miembros del Ejército nacional y a un civil por las ejecuciones de civiles conocidas como «falsos positivos», caso en el que este tribunal nacido del acuerdo de paz investiga hasta 6.402 asesinatos. La JEP imputó crímenes de guerra y lesa humanidad a militares.
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«La JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a un general, seis oficiales y tres suboficiales y a un tercero civil por ‘falsos positivos’ en el Catatumbo», explicó en una rueda de prensa la magistrada Catalina Díaz Gómez.
Este es el primero de «por lo menos seis autos» que la JEP emitirá dentro de la fase de investigación de este macrocaso por la muerte de al menos 6.402 personas, sobre todo durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), a manos de miembros del Ejército para presentarlas como guerrilleros muertos en combate y recibir a cambio premios e incentivos.
La sala consideró que estos hechos «no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de contar cuerpos, sin la política de incentivos y sin la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos en combate y sin la estigmatización de la población civil».
La JEP imputó crímenes de guerra y lesa humanidad a militares por ‘falsos positivos’
A los imputados se les acusa por su «participación determinante en el asesinato de al menos 120 personas en estado de indefensión en el Catatumbo, Norte de Santander, presentadas como bajas en combate entre enero de 2007 y agosto de 2008 y así aumentar criminalmente las estadísticas oficiales de éxito militar», además de otras 24 desapariciones forzadas.
Entre los once imputados se encuentra el brigadier general Paulino Coronado Gámez, que fue el comandante de la Brigada 30, y dos coroneles, Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, quienes fueron comandantes de la Brigada Bóvil No. 15.
También hay dos tenientes coroneles, un mayor, un capitán, dos sargentos y un cabo, así como al civil, a los que llamó «a reconocer su responsabilidad» ante los hechos. «Para la JEP, la evidencia indica que estos 11 imputados son penalmente responsables del crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada», asegura este primer auto del caso.
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El brigadier general Coronado Gámez es parte del grupo de militares destituidos por los casos de «falsos positivos» en Soacha, ciudad vecina de Bogotá de donde procedían muchos de los jóvenes pobres reclutados con falsas promesas de empleo para ser llevados a otras partes del país y asesinarlos para presentarlos como guerrilleros abatidos en combate.
De los 120 asesinatos referidos por la JEP, 73 ya estaban en investigación ordinaria en 39 procesos judiciales, de los cuales solo ocho llegaron a juicio y uno solo tuvo ejecución de pena. «La JEP continuará indagando la eventual participación de niveles superiores por participación u omisión», sentenció la magistrada Díaz Gómez.
¿Qué viene ahora?
La JEP, que no imputa penas privativas ni individuales, da 30 días hábiles a estos militares para reconocer los hechos y su responsabilidad o rechazarlos; en tal caso, «podrán ser condenados hasta con 20 años de cárcel».
En caso de que los acusados reconozcan su responsabilidad y aporten verdad se impondrán sanciones especiales que no conllevan prisión, sino limitaciones a derechos como la libertad de residencia y movimiento, la realización de trabajos para reparar a las víctimas y la sociedad, por ejemplo la construcción de escuelas o vías, o la participación en programas de promoción medioambiental.
Este auto es el primero que sale del caso 03 de los «falsos positivos» y renombrado como «Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado», donde hay acreditadas a la fecha 1.043 víctimas, de las cuales 658 son mujeres, en lo que fue uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano en el que están involucrados unos 1.500 militares.
El pasado febrero, la JEP elevó a 6.402 las personas que «fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008».
Es también el segundo auto que surge de todos los casos investigados por la JEP, después de acusar a los máximos responsables de la extinta guerrilla de las FARC, a principios de año, por los secuestros masivos cometidos durante el conflicto, delitos que la guerrilla ha reconocido.
