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Noticias 19/04/2021

Demanda contra veedor ciudadano por intervenir en licitación de digitalización de la justicia

Uno de los procesos más importantes del sistema judicial colombiano en este momento es la digitalización de la justicia, por ello se abrió una licitación por un valor de 22.000 millones de pesos que ya tiene dueño y su su primera polémica

Uno de los procesos más importantes del sistema judicial colombiano en este momento es la digitalización de la justicia, por ello se abrió una licitación por un valor de 22.000 millones de pesos que ya tiene dueño y su su primera polémica: el ganador del contrato fue el consorcio colombo-mexicano Linktic Muscogee, pero la polémica está en la descalificación de última hora de la firma española Indra, que anunció acciones legales.

La empresa española Indra denunció que hay una campaña de desprestigio en su contra y radicó una denuncia penal contra Henry Anaya, director de la Veeduría Ciudadana Bien Común.

La denuncia de la Veeduría

“Nos preocupa enormemente la presencia de la empresa INDRA SAS. No solo no aportó experiencia acreditada en el tema sino que se relaciona con la empresa Indra Soluciones Tecnológicas de la Información SLU, con NIT diferente”, advirtió el veedor ciudadano Henry Anaya en una comunicación a José Mauricio Cuesta, director ejecutivo de la Administración de Justicia en Colombia el pasado 6 de abril. “La casa matriz española ha estado envuelta en innumerables escándalos públicos, como la Operación Lezo en España en época electoral. También ha sido sancionada en firme por pertenecer a un cartel de contratación de concursos públicos y multada con más de 850 mil euros por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de España”, agregó.

Tras esta carta, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial descalificó a Indra. Ante esto, la compañía española respondió con un comunicado en el que anuncia acciones legales contra la Veeduría Ciudadana Bien Común, que encabeza Anaya: “Indra anuncia que su equipo jurídico radicará un recurso legal ante las autoridades pertinentes para investigar el origen de dichas acciones. La Compañía confía en que las jurisdicciones competentes permitan esclarecer las motivaciones que impulsaron a buscar esta afectación y generar dudas sobre sus capacidades éticas, técnicas y de talento”.

Indra señala que “no ha sido acusada ni está relacionada con el denominado Caso Lezo. De hecho, desde 2018 no existe ningún proceso con esa denominación después de que la Audiencia Nacional acordara unificar en una única pieza las dos investigaciones abiertas que se instruían en el marco de los asuntos Púnica y Lezo. La pieza única fue denominada Caso Púnica. En este sentido, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que instruye dicha causa, ha acordado el sobreseimiento de las actuaciones contra la Compañía en dicho proceso”.

La firma española enfatiza que “no hace parte de un “cartel de la contratación”. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia -CNMC- de España, es una entidad de carácter administrativo, que ha impuesto una sanción a Indra España y que no compromete en ningún aspecto corporativo a Indra Colombia S.A.S. En relación con este punto, la Empresa ha expresado su completo apego y respeto a las decisiones de la Administración Pública, pero entiende que esta decisión no se ajusta al Derecho. Por este motivo, ha recurrido judicialmente esta sanción ante la Audiencia Nacional y ha solicitado la concesión de una medida cautelar sobre los efectos de la misma. El procedimiento se encuentra pendiente de sentencia que será recurrible en casación ante el Tribunal Supremo”, e insiste en que “no tiene ningún tipo de inhabilidades para contratar con el sector público en España”.

Como prueba, Indra adjunta la grabación de las cinco pruebas técnicas que fueron realizadas por Indra ante los 10 evaluadores designados por el CSJ y los representantes de los demás oferentes.