Cinco integrantes de la comunidad LGBTI que fueron víctimas de amenazas, torturas, secuestro, violencia sexual, tentativa de homicidio y otros delitos durante el conflicto armado colombiano fueron acreditadas como tales en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), según informó este viernes el tribunal.
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Las víctimas fueron aceptabas en el «Caso 5» de la JEP, que sigue la situación en el norte del departamento del Cauca y del sur del Valle del Cauca, ambos en la región del Pacífico colombiano.
Estas personas sufrieron hechos de persecución y discriminación relacionados con la orientación sexual o la identidad de género con ocasión del conflicto armado entre 2005 y 2012.
La JEP recibió en marzo pasado una solicitud de la Corporación Caribe Afirmativo que denunció «un patrón de amenazas, hostigamientos, violencia sexual, detenciones arbitrarias y tentativas de homicidio» en los municipios de Miranda, Toribío, Caloto, Buenos Aires, Santander de Quilichao, Padilla y Villa Rica por parte de la guerrilla de las FARC y de la fuerza pública.
Discriminación por orientación sexual
Según la Sala de Reconocimiento de la JEP, «dichos crímenes pueden constituir un delito de lesa humanidad cuando se cometan de manera generalizada o sistemática» y determinó que «la discriminación contra la comunidad LGBTI por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género constituye una grave violación a los derechos humanos».
Un informe de Caribe Afirmativo entregado a la Comisión de la Verdad recogió que con la llegada de los grupos armados a muchos territorios, la violencia contra la comunidad LGBTI se exacerbó y fue utilizada como «una ventaja estratégica importante en la disputa territorial con los demás actores».
Según un estudio del Centro de Memoria Histórica, lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales han sido violentados en el conflicto por todos los actores armados, y su identidad sexual y de género ha sido motivo de la agresión.
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En el país, este tipo de violencia ha sido clave en para instaurar órdenes sociales en los que con «discursos de limpieza y control social» esta población ha sido estigmatizada, perseguida y amenazada, lo que se agrava por el silencio de las víctimas.
Por esa razón, la JEP reconoció que aceptar a estas cinco personas es un paso más para garantizar el enfoque diferencial y de género en la justicia, y para evitar la revictimización teniendo en cuenta «que en el contexto de la guerra la población LGTBI ha sido una víctima invisibilizada».
Según un documento de 2015 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 1.422 de las 7 millones de víctimas registradas entonces en la Red Nacional de Información de la Unidad de Víctimas declararon ser parte de la población LGBTI.
La JEP, creada por el acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, investiga además crímenes de paramilitares y fuerzas del Estado durante más de 50 años de conflicto armado.
