En lo corrido de este 2021, 13 mujeres han sido asesinadas en Bogotá. 8 de estos casos fueron determinados por la Fiscalía como feminicidios.
PUBLICIDAD
¿Por qué no se evitó?, ¿Cuántas son las mujeres que corren este riesgo?, ¿Qué se está haciendo?, ¿Qué se puede hacer?, son muchos los interrogantes que dependen e involucran al sistema, al Estado, a la sociedad en general. Todos tenemos un papel.
“No todas las mujeres víctimas de violencia están en riesgo de feminicidio. Feminicidio es morir en manos de un tercero por el hecho de ser mujer, por su condición de género. A la Secretaría le direccionan esos casos. Quien hace esta evaluación es el Instituto de Medicina Legal. De ese modo, nosotros hacemos seguimiento psicosocial y jurídico a las mujeres en riesgo de feminicidio”, explicó a PUBLIMETRO Diana Rodríguez Franco, secretaria de la Mujer.
Según cifras oficiales, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, fueron valoradas por el Instituto Nacional de Medicina Legal 1482 mujeres en Bogotá en riesgo de feminicidio.
Una vez estos casos son direccionados a la Secretaría empieza el trabajo para no perder el rastro de estas mujeres, para hacer lo necesario, lo institucionalmente posible, para salvar su vida. “¿Qué hacemos? Tenemos el Sistema Articulado de Alertas Tempranas, es nuestro Sistema para hacer seguimiento psicosocial y jurídico de las mujeres. Las hemos llamado, les preguntamos cómo está su situación, si algo ha empeorado, si están amenazadas, si están cumpliendo las medidas de protección que les otorgaron, etc.”, detalló.
Además de lo expuesto, mencionó que son distintas las acciones encaminadas a proteger a las mujeres, como el grupo de trabajo para la atención de la violencia contra las mujeres en riesgo de feminicidio; o el desarrollo de un modelo predictivo que permitió identificar 18 UPZ donde se podría presentar violencia; del mismo modo, la Policía acordó realizar visitas a mujeres en riesgo de feminicidio; y como parte de los servicios de la entidad, existen las Casas Refugio para mujeres víctimas de violencia.
Sin embargo, muchos se preguntarán, por qué una mujer que pidió ayuda no logró obtenerla, convirtiéndose en una víctima mortal más. Ante esto, la secretaria no niega los factores que pueden influir. “Cuando una mujer infortunadamente es asesinada, miramos si había recibido atención de la Secretaría de la Mujer, de las Comisarías de Familia o la Secretaría de Seguridad; o si tenía una medida de protección otorgada por una Comisaría o un juez (…) pasa por una multiplicidad de factores, pasa porque la investigación fue lenta; otras veces las mujeres no denuncian, pero les cuentan a otros, y la gente no cree”, respondió.
PUBLICIDAD
En esa medida, hizo un contundente llamado sobre lo que podemos hacer.
“Lo primero es un cambio cultural, tenemos que entender que nada justifica las violencias contra las mujeres. Es partir de ahí y entender que el cuerpo y la vida de las mujeres no le pertenece a nadie sino a ellas mismas”, puntualizó.
Mujeres en riesgo de feminicidio
Continuando con este debate, Natalia Poveda, abogada feminista, parte de la Red Jurídica Feminista, “un escenario en el que articulamos estudiantes de derecho y abogadas para hacer un análisis y una aplicación desde un enfoque feminista del derecho”, como lo describió, amplió en entrevistita con este medio una reciente intervención de la Red en el Congreso.
Fueron varios puntos los que expusieron en conjunto, dejando ver las evidentes fallas que sobresalen en el sistema. “Existe una responsabilidad por las instituciones encargadas de la investigación y juzgamiento de los feminicidios. Se han conocido casos en donde las familias han tenido que hacer presión para que en Medicina Legal sean reconocidos los cuerpos de las víctimas, otros, en donde la Fiscalía hace una mala imputación del delito y por lo tanto los agresores no son juzgados ni judicializados correctamente. Existe una evidente brecha entre las cifras de seguimiento que hacen las colectivas y organizaciones feministas y los casos reconocidos, investigados y judicializados por el estado”, expone un aparte del texto que la Red Jurídica Feminista dio a conocer.
Igualmente, Poveda explicó que, aunque “nuestro país está muy avanzado en la normativa, hay mecanismos de género en los territorios, hay comisarías, hay Policía, y las Instituciones están, pero en muchos lugares es deficiente”. Parafraseando, no basta con la presencia del Estado si no hay garantías en la aplicación de la ley.
Otro de los puntos que expone la Red tiene relación con la educación: “nosotras, como estudiantes de derecho y abogadas, hacemos también un llamado especial y enfático a los requisitos en el pensum académico sobre la forma en cómo se enseñan las violencias basadas en género y cómo se estudia el feminicidio en las facultades”.
Para finalizar, las abogadas y estudiantes hacen un llamado especial a la atención de los casos de feminicidios de mujeres migrantes, de trabajadoras sexuales y mujeres trans. Mujeres que han sido asesinadas en contextos de precarización laboral, persecución, violencia policial, discriminación y transfobia.
