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Noticias 05/02/2021

Como abogadas se registraban trabajadoras sexuales para acceder a una URI

Hay cuatro capturados por este hecho.

Se van conociendo más detalles de los comportamientos irregulares que aparentemente ocurrían en este centro de detención. Como abogadas se registraban trabajadoras sexuales para acceder a una URI.

Cuatro uniformados fueron detenidos en Valledupar acusados de hacer parte de una red que permitía todo tipo de excesos en la Unidad de Reacción Inmediata, URI, de la Fiscalía en Valledupar.

Entre las acciones permitidas al parecer existió tráfico de alcohol y prostitución a cambio de dinero, incluso entre los mismos internos.

Los hechos se presentaron de enero a noviembre del año pasado, según informaron testigos y demás informantes sobre el caso.

Los custodios habrían permitido visitas de terceros a los internos y hasta de trabajadoras sexuales que hacían pasar como abogadas para poder tener acceso al lugar.

“Permitían el ingreso de equipos celulares de todas las gamas, de licor de todas las marcas para las fiestas privadas que organizaban los internos y externos, asimismo, prometían u ofrecían a los detenidos lograr su libertad o traslado a un centro de reclusión más adecuado, insinuando tener influencias con jueces y fiscales, todo ello lo hacían a cambio de sumas de dinero que exigían los uniformados responsables de custodia”, manifestó el fiscal, según informó el diario El Pilón.

Entre los uniformados detenidos se encuentran José Vicente Guerra Márquez Sergio Antonio Mendoza Chiquillo, Edwin Calderón Vargas y Elvis Luis Alarcón Rivera, conocido como ‘El Guajiro’.

“El patrullero Guerra Márquez en esa oportunidad, en ejercicio de su cargo como custodio de la Unidad de Reacción Inmediata, también autorizó el ingreso de mujeres para que tuvieran sexo o como le llamaban en el argot ‘balache’ con los detenidos a cambio de la suma de cien mil pesos, asimismo permitía que las detenidas tuvieran sexo con los hombres privados de la libertad”, detalló el fiscal.

La Fiscalía 12 seccional comenzó la investigación que arrojó que las irregularidades se venían registrando desde un sargento retirado que laboraba en el sitio.

“Exigían sumas de dinero en el transcurso de enero hasta  el mes de noviembre del año 2020 para poder permitirles realizar actividades y obtener comodidades dentro del centro de reclusión, por el cual cobraban desde una colchoneta a una sábana, pero también recibían sobornos a cambio del ingreso de equipos celulares, licor, mujeres con fines sexuales, prostitución y fiestas privadas entre los detenidos”, aseguró el fiscal 12 (e) en las audiencias preliminares.

Los encuentros también se dieron entre los mismos internos e internas del lugar.

“Cuando estaba el sargento no apagaban las cámaras, pero cuando lo cambiaron y colocaron a Sergio Antonio Mendoza siguieron con el negocio y pagaban a los celadores para que apagaran las cámaras; se hacía para sacar a los presos de sus celdas y luego también para volverlos a ingresar”, afirmó el fiscal.

Se conoció en las audiencias que mujeres privadas de la libertad presuntamente cobraban a los reclusos por sexo entre 80 mil a 100 mil pesos, pero de eso solamente recibían el 50 % puesto que debían darles un porcentaje a los policías.

Por su parte Sykdy Julieth Tortello, abogada de Sergio Antonio Mendoza, uno de los acusados, dijo al Pilón que todo se trata de una “venganza” de una de las internas que anteriormente fue denunciada por estafa por la esposa de su defendido.

“Como puede ser creíble la entrevista de una persona que tiene represalias en contra del señor Sergio y su esposa por haberla denunciado y encontrarse detenida. Por tal razón, no puede ser tenida en cuenta para un inferencia razonable”, detalló la abogada Tortello.

Ninguno de los acusados aceptó los cargos mientras las audiencias continúan en Valledupar.

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