La ley que causaría polémica por los beneficios de rebajas de pena tendría la aprobación del Consejo de Política Criminal.
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Un proyecto de ley promete abrir una fuerte polémica en el Congreso. La iniciativa buscaría un aumento en las rebajas de pena que podría llegar hasta el 83% en algunos casos. El proyecto recibió la aprobación del Consejo Superior de Política Criminal, organismo asesor del Gobierno en política contra la delincuencia.
Según la norma, presentada el pasado mes de diciembre en la Cámara de Representantes, la negociación con los delincuentes podría otorgar beneficios mucho mayores a los que actualmente obtienen. Las negociaciones actuales ofrecen rebajas de pena de hasta el 50%. Si se aprueba esta medida, pasaría a ser un 83%.
Aún así, esto no aplicaría para todos los delitos. La rebaja de penas solo iría para quienes no tienen antecedentes y aceptan cargos. Además, los que acepten esta decisión no tendrían rebajas adicionales por otros ítems como estudio, trabajo o buena conducta.
Un ejemplo tangible sería el de un miembro de una banda de ladrones que no . Un juez podría condenar al asaltante a 90 meses (7 años y medio) de prisión. Actualmente, con la negociación, su pena se reduciría a 45 meses (3 años y 9 meses), que podría reducirse aún más mediante trabajo o buena conducta en los centros penales. Si se aprueba la iniciativa, su pena pasaría a ser únicamente de 18 meses (un año y medio).
Además, habría una figura de «tres strikes» contra la reincidencia. Un delincuente sin antecedentes podría acceder al 83% de rebaja de penas, pero si reincide pasaría a tener una rebaja del 83 al 75%. Si hay una tercera captura, la pena se aplicaría completamente.
El proyecto también crearía la figura de la fianza, que se limitaría a 100 salarios mínimos mensuales (unos 96 millones de pesos). Se espera que estas medidas apliquen para delitos de bajo impacto como hurto por menos de 10 salarios mínimos, lesiones personales excepto las causadas con ácido, abigeato y hurto calificado sin violencia.
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Según El Tiempo, el Consejo de Política Criminal apoya la propuesta al ser una medida contra la «política punitiva» de aumento de penas. En cambio, se propondrían medidas que permitan una judicialización proporcional al crimen y a la reincidencia.
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