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Laguna de Lipa, de santuario a símbolo de destrucción petrolera

Organizaciones campesinas de Arauca claman que no haya más explotación de petróleo. Esta es la primera de tres entregas un especial sobre la difícil situación que viven miembros de organizaciones sociales en este departamento.

Las bellas tierras de Arauca, compuestas por extensas llanuras y también por piedemonte, son unas de las más militarizadas de Colombia. No es un secreto que en este lugar históricamente han confluido diferentes grupos guerrilleros y paramilitares, sin embargo, las zonas con más presencia de uniformados son las que están cerca a pozos de excavación de petróleos.

Es fácil darse cuenta de ello, pues tan solo en el trayecto de Arauca a Saravena, que es de 186 km, hay dos retenes del Ejército en la zona de Caño Limón. Los lugareños advierten que es mejor no detenerse en la carretera y mucho menos tomar fotos a los hermosos paisajes. El riesgo de ser interceptado por una patrulla es alto y piden muchas explicaciones, afirman.

Cuentan diferentes líderes de organizaciones campesinas que, en 1984, cuando llegó la primera multinacional petrolera al departamento, la Occidental de Colombia (Oxy), sus vidas se partieron en dos. De la dura pero tranquila vida de campo, pasaron a vivir desplazamientos, zozobra y falsos positivos judiciales, por no mencionar los asesinatos de líderes sociales.

El daño irreversible de la Laguna de Lipa

La Laguna de Lipa es, quizás, uno de los símbolos de la lucha de las organizaciones campesinas e indígenas contra la excavación petrolera en el departamento. El espejo de agua era un santuario de fauna y flora, cuna de de peces de la región de la Orinoquía. De hecho, el antiguo INDERENA había declarado la laguna junto con su complejo ecosistema de esteros y caños una resereva forestal de una extensión de 275.575 hectáreas, que inclusive estaba en proceso de expansión.

“Pero igual cuando se necesitó hacer explotaciones de los bienes de la naturaleza, hasta hí llegó el santuario. Hemos dicho que este departamento no es petrolero, las comunidades no viven de eso ni recibimos las regalías que deja ese saqueo”, dice Juan Carlos Torres, abogado de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, que trabaja arduamente contra el tema de falsos positivos judiciales en el departamento.

Hoy para cualquier civil es imposible acercarse a la Laguna de Lipa, por lo que es difícil obtener fotografías. Los campesinos cuentan que al interior del estero de agua se construyó la plataforma multipozo Chipirón, que conecta con rieles hasta el exterior de la laguna.

“En Caño Limón hicieron taponamientos de caños y quebradas para poder secar la laguna y hacer explotación petrolera. Hay informes donde se narra la contaminación que han tenido los afluentes. Presentamos una Acción Popular en 2016 y todavía está pendiente el tribunal de fallar eso. Las expectativas no son muchas, si fallaran en derecho, deberían por lo menos suspender ese trabajo”, dice Juan Carlos Torres.

“No podemos comparar cuánto ha bajado el agua desde hace 40 años, hay mucha dificultad para eso. Aparte de la Acción Popular también como Federación Comunal presentamos en el 2014 una denuncia penal por daño ambiental y la Unidad de Delitos ambientales de la Fiscalía supuestamente inició una investigación. Se señaló una fecha para hacer una inspección y Corporinoquia no dejó hacerla, sacando una excusa de seguridad. Y eso está archivado”, afirma Torres.

La comunidad incluso ha pedido que se haga un estudio independiente por parte de la academia pero hasta ahora ha sido imposible concretarlo.

“El problema de las transnacionales nos son los grupos disidentes, somos nosotros, la sociedad que está organizada denunciando el daño ambiental que ellos hacen”, agrega Torres.

Retoma del territorio de Lipa como acto simbólico

Nohora Delfina Vélez, hoy coordinadora de la Red de Mujeres Campesinas de Arauca, era miembro de una de las 150 familias campesinas que fueron desalojadas por la Oxy cuando llegaron a las inmediaciones de la Laguna de Lipa, donde las veredas de El Líbano, El Vivero, Corralito y La Osa “desaparecieron administrativamente de la faz del departamento, en el municipio de Arauquita”.

“Llegaban personas encapuchadas de noche diciendo que si no nos íbamos o no le vendíamos a las multinacionales podíamos perder la familia o la vida. Con ese tipo de amenzas nos sacaron de nustro territorio, engañandonos, diciendo que en un mes el INCORA en ese entonces y la multinacional se comprmetían en reubicarnos. Pasaron más de 20 años y eso no pasó. A mi me dieron $6.400.000 en 1992 y me pagaron 6 hectáreas de plátano en producción, aunque mi terreno era de 9 hectáreas y además tenía muchos más frutales. A otros les dieron 2 o 3 millones, dependía del cultivo que tenían en ese entonces”, cuenta esta lider campesina.

De hecho, en estado falló a favor de estas familias en 2009 y se exigió una rehubicación de las familias en 45 días, pero “pasaron otros tres años y medio y nunca pasó. Nos pusieron a comprar finca sin tener plata”, cuenta Vélez.

Cansadas de esta situación, la la mayoría de las familias que fueron desplazadas de su territorio iniciaron la retoma de este más o menos hacia 2013, en tres conflictivas etapas que dejaron a varios campesinos heridos.

“La entrada al territoria fue muy compleja, porque según ellos era un territorio privado e industrial donde solamente se producía petróleo y no servía para la agricultura. Se ha llevado una gran lucha en la que ha habido campesinos mutilados, choques fuertes con la policía. Estabamos dispuestos a que si nos tocaba dar la vida, la dabamos. Nos cerraban las vías  y nos tocaba meternos por el estero donde el agua nos daba por el pecho. Hacían taponamientos de las entradas con estrellas de cemento. Cada vez que mirabamos que nos estaban tapando el camino nos enfretabamos con ellos”, cuenta Nohora Delfina.

“La última vez que decidieron dejar de hacerlo fue porque les hicimos desbaratar la obra de taponaminiento que habían hecho. Con tal de que no se fuera el camión que había traído la máquina para hacer la obra, los compañeros se subieron encima y lo rocearon con gasolina que sacaron de sus motococlietas. Amenazaron con quemar la máquina y el camión y no se movieorn del lugar por ocho días hasta que desbarataron la obra”, cuenta Vélez.

Las familias que ahora viven en estas veredas han vuelto a levantar sus cultivos de plátano, cacao, limón y otros frutales, a pesar de que en ocasiones se los han arrancado y hasta rociado con glifosato para que no progresen. De hecho líderes sociales que viven en este refugio todavía son víctimas de hostigamientos y amenazas.

A pesar de eso, estos campesinos esperan organizarse para comercializar su producción. Han logrado comprar tres plantas de procesamiento de alimentos con las que esperan vender de manera directa productos de cacao y plátano. También quieren tener una planta de producción de bioinsumos porque quieren garantizar la producción limpia de sus productos.

“Hasta allá llegan personas del civil, armadas, en camionetas, asediando, tomando fotos, amenazando con que lo van a judicializar (a un compañero cuyo nombre nos reservamos). Hemos declarado esta zona un refugio humanitorio, es algo simbólico. Ahí hacemos reuniónes de nuestas asambleas para que quienes vivan allá también sientan nuestro acompañamiento”, dice Sonia Lopez, también miembro de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra.

“A pesar de los muertos y de las jucializaciones hemos dicho: de aquí no nos vamos a ir. El que se ha ido preso por tres años vuelve y sigue en la defensa del territorio. Nos han matado a compañeros y compañeras, pero seguimos insistiendo”, dice López.

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“El departamento nos va a quedar como un queso”

Una frase recurrente entre los líderes campesinos alusiva a la caltidad de pozos petroleros que habrá en el departamento en los próximos años.

Además de lo mencionado anteriormenta las organizaciones sociales también están preocupadas por las puesta en marcha del proyecto “Área de Perforación Exploratoria Primavera”, que comprende 26 veredas de los municipios de Fortul y Arauquita.

Según Eduardo Sogamoso, miembro de la Joel Sierra y de la Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena), son 45 pozos los que se van a explorar y 15 plataformas las que se van a instalar. También habrá intervención de fuentes de agua superficiales y 60 pozos profundos.

“Además, en la licencia dice que no van a haber vertimientos, cuando nosotros en la práctica sabemos que si hay. En esta zona, además, está ubicado el pueblo indígena Uwa”, indica.

“El impacto que esto va agenerar sobre la vida en general  es muy preocupante”, dice Sogamoso. “Practicamente todo el departamento de Arauca está destinado para explotación y exploración petrolera. A ellos nos les sirve que haya una buena producción agropecuaria  ni que los capesinos estén organizados. Desde 2010 se han adjudicado a diferentes empresas estos territorios”.

RECUADRO

Durante la escritura de este artículo, la Organización Congreso de los Pueblos, Capítulo Centro Oriente, denunció el 16 de diciembre la judicialización injustificada de tres líderes sociales identificados como Adelso José Gallo de ASONALCA y el CNA, en Villavicencio; Teófilo Acuña del CNA en el Magdalena Medio, capturado en el sur de Bolívar, y Robert Daza, del CIMA y miembro de la Cumbre Agraria, en el sur de Cauca. Esta organización afirma que en lo que va del gobierno de Iván Duque han sido asesinados 573 líderes sociales. Otros 150 han sido judicializados entre el 2001 y el 2020, generalmente por supuestos cargos de rebelión.

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