Por irregularidades en la venta del Centro Comercial Villa Country de Barranquilla, el 37 juez penal de conocimiento de Bogotá condenó a Carlos Albornoz, exdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes y ordenó su captura este viernes.
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El juez del caso evidenció que el exjefe de la DNE y el exdepositario Camilo Bula se aprovecharon en la venta de este terreno, ubicado en una de las zonas más exclusivas de Barranquilla y otros bienes producto de las confiscaciones al narcotráfico.
El togado reprochó la manera cómo Albornoz se benefició de estos predios que pasaron a manos del estado en este caso de corrupción y como casi que a dedo eligió quienes serían sus potenciales compradores.
El fallo condenatorio se expidió por peculado por apropiación y fraude procesal. El juez dijo que Albornoz y Bula fueron cómplices de esos delitos.
¿Cómo funcionaba el negocio de la corrupción?
De acuerdo al fallo Albornoz adjudicó y dispuso ventas irregulares de predios millonarios en la capital del Atlántico. Entre ellos el centro comercial Villa Country , ubicado en Barranquilla y otros inmuebles como el Centro Ejecutivo 2, Casa Bello Horizonte y un predio de la calle 55.
El juez del caso creyó en las declaraciones del exfiscal Camilo Bula, quien afirmó que hizo arreglos con Albornoz Guerrero para que se entregara ese terreno muy por debajo de su precio real y que por ese negocio se llevó una comisión de 800 millones de pesos.
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Además aseguró que con sus movimientos no solo sacaron su tajada económica Albornoz y Bula, sino también el avaluador, el promotor y el comprador del bien.
La Fiscalía le había imputado cargos por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, fraude procesal, prevaricato, obtención de documento falso, concierto para delinquir, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
Sin embargo el juez se quejó contra el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez por dilatar este caso con una serie de aplazamientos que no permitieron dar paso a una sanción ejemplar.
Dijo el juez que ante la prescripción de varios de los delitos imputados solo se podría pronunciar sobre los cargos de peculado por apropiación, falsedad en documento público, fraude procesal y prevaricato.
La sentencia será dictada el próximo año, cuando las partes podrán interponer recurso de apelación que llegaría a segunda instancia al Tribunal Superior de Bogotá.
