Las autoridades colombianas iniciaron el proceso de expropiación de bienes inmuebles valorados en más de cuatro billones de pesos (unos 1.118 millones de dólares) que estaban a nombre de personas que blanqueaban dinero del Clan de Golfo, la mayor banda criminal del país, informó este martes la Fiscalía.
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Las diligencias se realizaron en los departamentos de Antioquia, Risaralda y Quindío, en donde además fueron capturadas siete personas, entre ellas, John Fredy Zapata Garzón, alias «Candado» o «Messi», quien era el supuesto jefe de los criminales.
Entre los bienes ocupados por las autoridades figuran 33 inmuebles, 37 vehículos, 6 sociedades, 4 establecimientos de comercio, 6 sociedades, 24 cuentas bancarias y 1.088 semovientes, los que «quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración», informó la Fiscalía en un comunicado.
La investigación permitió establecer que alias «Candado», junto a los otros presuntos integrantes de la organización, desde 2012 se habría puesto al servicio de los jefes del «Clan del Golfo» para «adquirir, invertir, conservar, custodiar y administrar bienes muebles, inmuebles y empresas, algunas de éstas fachadas utilizadas para lavar multimillonarias cifras de dinero».
El Clan del Golfo, la mayor banda criminal colombiana, nació tras la desmovilización de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006 y está dedicada al narcotráfico, el secuestro, la extorsión y la minería ilegal, entre otros delitos.
La Fiscalía detalló que hay evidencia de que para facilitar el ocultamiento de los dineros provenientes de actividades ilícitas fueron patrocinados «jugadores de fútbol profesional y grupos musicales».
A los detenidos se les imputará por lavado de activos agravado, concierto para delinquir agravado y enriquecimiento ilícito.
«Estamos luchando para desmantelar esas estructuras criminales y atacar de forma frontal las economías ilegales que acompañan esos delitos», dijo el fiscal general, Francisco Barbosa, durante una charla realizada ayer en Santa Marta (norte), en el que participó una comisión del gobierno de Estados Unidos y de la Oficina de Asistencia y Capacitación para el Desarrollo Fiscal en el Extranjero.
