El Gobierno colombiano confía en superar las 130.000 hectáreas de coca erradicadas este año, objetivo para el cual han sido arrancadas manualmente 111.131 hectáreas de cultivos ilícitos, informó este lunes el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.
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«La fuerza pública ha arreciado su ofensiva contra todos los eslabones del narcotráfico», dijo el ministro en una rueda de prensa.
Igualmente señaló que han sido destruidas 4.840 «infraestructuras que estaban al servicio del negocio del narcotráfico», así como han sido incautadas 456 toneladas de cocaína y 480 de marihuana.
El informe anual de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), presentado en Bogotá el 17 de junio, aseguró que los cultivos de coca en Colombia se redujeron un 9 % el año pasado al pasar de las 169.000 hectáreas sembradas en 2018 a 154.000.
En ese sentido, el ministro Trujillo señaló que el enemigo es el narcotráfico y no la fumigación de los cultivos ilícitos con glifosato, suspendida desde hace cinco años.
Por ello hizo un llamado a los poderes del Estado y a la ciudadanía para que haya «un escenario de colaboración armónica y se pueda reiniciar la aspersión y evitar que se obstaculice la erradicación».
Las fumigaciones de las plantaciones de coca fueron suspendidas en 2015, durante la Presidencia de Juan Manuel Santos, al acatar una sentencia de la Corte Constitucional basada en el argumento de que el herbicida glifosato puede ser cancerígeno y causar daño al medio ambiente.
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El alto tribunal dejó abierta la posibilidad de volver a autorizar el glifosato en la lucha antidrogas si el Gobierno cumple seis exigencias sanitarias ambientales.
La primera es que se debe regular la aspersión aérea por un órgano diferente al que va a ejecutar el programa. El segundo punto está a cargo del Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente, quienes se deben encargar de estudiar los impactos a las comunidades que podría generar la fumigación con glifosato y de acuerdo con los resultados de esos estudios aparece la tercera condición. Un sistema de alerta.
El cuarto punto exigido por la Corte para el regreso de la aspersión da cuenta de que se debe tener rigor, calidad e imparcialidad o que haya evidencia científica para la toma de decisiones teniendo en cuenta las condiciones uno y dos.
La quinta condición es la existencia de un procedimiento de quejas que deben ser recibidas por una entidad diferente a la que lo ejecuta y finalmente, la sexta condición, relacionada con la «evidencia objetiva y concluyente que demuestre ausencia de daño para la salud y el medio ambiente».
Condiciones que, actualmente, ninguna ha sido llevada a cabo.
El pasado 26 de octubre, el Gobierno aseguró que la fuerza pública ha erradicado más de 98.000 hectáreas de coca con lo que ya superó el total logrado el año pasado que fue de 94.670 hectáreas y destacó también que las incautaciones de cocaína se han incrementado en un 13 %.
