El asesinato de exguerrilleros de las FARC, que se ha cobrado la vida de 243 de ellos, y la inseguridad jurídica para quienes dejaron las armas son las principales sombras que se ciernen sobre el acuerdo de paz de Colombia firmado hace cuatro años, asegura el exjefe guerrillero Rodrigo Granda.
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«Un punto vital para nosotros, como es (el de) las garantías de seguridad, no existe. En este momento ya tenemos 243 asesinados del nuevo movimiento político», dijo Granda en una entrevista con Efe.
Hace cuatro años, el 24 de noviembre de 2016, el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron en el Teatro Colón de Bogotá el acuerdo definitivo de paz para terminar el conflicto armado de 52 años, sin la pompa de la primera firma que tuvo lugar dos meses antes en Cartagena de Indias.
Ese primer acuerdo firmado el 26 de septiembre fue rechazado por los colombianos en un plebiscito el 2 de octubre, lo que obligó a reabrir la negociación para incorporar propuestas de los promotores del «no» en esa consulta.
LA OTRA INSEGURIDAD
Granda, que es el responsable de las relaciones internacionales del partido FARC, recuerda que a finales del mes pasado exguerrilleros de todas las regiones del país hicieron una peregrinación a Bogotá «Por la paz y por la vida», en rechazo a los asesinatos de sus compañeros.
Esa movilización culminó el 6 de noviembre en una reunión con el presidente colombiano, Iván Duque, que calificaron de «alentadora» porque se tocaron varios asuntos, entre ellos la preocupación por la inseguridad para los desmovilizados.
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Al ahora partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), además de la inseguridad física, le preocupa la «inseguridad jurídica» porque dicen que desde el Gobierno se ataca a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creado a instancias del acuerdo.
«Nosotros no tenemos seguridad jurídica porque todos los ataques van concentrados a terminar la JEP y la JEP se constituyó como una justicia transicional para dar el cierre rotundo al conflicto armado en Colombia», dice.
POTENCIAL TRANSFORMADOR
Aunque Granda, de 71 años, quisiera que la implementación hubiese avanzado más rápido, asegura que los desmovilizados siguen confiando en lo que firmaron, porque lo pactado tiene «todos los elementos» para lograr significativas transformaciones en el país.
«El acuerdo tiene un potencial transformador de proporciones bastante grandes, que pudieran llevar al país en el corto plazo a firmar o a tener una paz estable y duradera y a construir un nuevo país», apostilla.
Sin embargo, considera que esas posibilidades están atascadas porque la «clase gobernante ha sido una clase miope, no ha entendido lo que se buscó con ponerle fin al conflicto social y armado que vivía el país» y agrega que «la guerra con las FARC terminó. Es un hecho contundente y eso es el logro más grande del país en los últimos ochenta, cien años».
La resistencia para que el acuerdo logre avanzar más rápido está, según el dirigente de la FARC, en que en Colombia «hay un núcleo muy reducido, pero muy poderoso, que se niega a esas transformaciones, que está metido en defender el statu quo, que le tiene miedo a la verdad».
En esa dirección, Granda responsabiliza al partido de Gobierno, el Centro Democrático, del que dice utiliza el «miedo, el temor, la mentira, la falacia para tener una gente poco informada o a veces ignorante de lo que puede estar pasando».
NO SE CAMBIA NADA
Los opositores al acuerdo de paz esgrimen como argumento que lo pactado cambia el modelo de la economía del país y el rol de las Fuerzas Militares y modifica las reglas para las grandes empresas, pero Granda opina todo lo contrario. Es más, dice que el acuerdo de «revolucionario no tiene nada, absolutamente nada».
«No se cambia el modelo económico, no se cambia el rol de las Fuerzas Militares, no se amenaza la estabilidad económica de todos los grupos de poder en el país, lo que pedimos ahí son unas reformas que todo el mundo conoce», subraya.
PROBLEMA DE TIERRAS Y DINERO
Según Granda, el único país de América Latina que no ha hecho una reforma agraria integral es Colombia y explica que hasta el momento se han entregado 39.000 hectáreas de tierras a los campesinos, de los tres millones inicialmente acordados.
«Eso es lo que se ha hecho», lamenta, y agrega que los avances para formalizar otros siete millones de hectáreas de tierras han sido mínimos.
A lo anterior se suma el hecho de que «la paz está desfinanciada. Eso no lo decimos nosotros, lo dice la Contraloría General (tribunal de cuentas)», afirma.
La falta de tierras y de dinero, explica el dirigente de la FARC, lleva a que los proyectos productivos no arranquen y a que los 16 que están en marcha beneficien solamente a un 20 o 30 % de los desmovilizados.
FALTA VOLUNTAD POLÍTICA
Granda, que asegura que las FARC no regresarán a las armas pese a los problemas por los que pasa el acuerdo de paz, achaca también a la falta de voluntad política la demora en la implementación total del acuerdo.
Recuerda que no se ha reformado el sistema electoral colombiano y «todos los días la democracia está más constreñida y, aprovechando la pandemia del coronavirus, se han sacado unos 187 decretos y leyes que van constriñendo cada vez más» los derechos.
Pese a todo, considera que entre las cosas positivas del acuerdo, la más importante fue «haber alcanzado la paz».
«Sí, hay violencia, yo no estoy negando que hay violencia, pero es que la guerra en los términos en que se estaba dando en la confrontación con las FARC era de una magnitud asombrosa», afirma.
