Congresistas pidieron al Gobierno español que considere la «inconveniencia» de aceptar al exfiscal general Néstor Humberto Martínez como embajador de Colombia en ese país por las investigaciones judiciales que tiene y porque «solo beneficia a los enemigos de la paz».
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Así lo expresaron en una carta dirigida al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y a la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.
Para los congresistas el «nombramiento de Néstor Humberto Martínez como embajador de Colombia ante el Gobierno del Reino de España es un acto inmoral, que solo beneficia los enemigos de la paz y es un escape para que las investigaciones que se adelantan en su contra puedan avanzar».
Por todo ello los 20 congresistas firmantes solicitan a Sánchez «que considere la inconveniencia de aceptar como embajador de Colombia en ese país al exfiscal».
EL ESCÁNDALO DE ODEBRECHT
La misiva, que se conoce sin que el Gobierno colombiano haya oficializado aún la designación, señala que el exfiscal Martínez «ha sido denunciado por su presunta participación en uno de los escándalos de corrupción más graves en nuestro país y América Latina, el caso Odebrecht».
Martínez se vio salpicado por la trama de corrupción después de que Jorge Enrique Pizano, interventor de la carretera Ruta del Sol II y fallecido de un infarto el 8 de noviembre de 2018, asegurara en una entrevista grabada con Noticias Uno y divulgada después de su muerte, que el entonces fiscal conocía desde 2015 las supuestas irregularidades en la licitación para la construcción de la carretera.
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El exfiscal, con una larga trayectoria en cargos públicos y como abogado de empresas privadas, trabajaba en 2015 como abogado del conglomerado bancario Grupo Aval, a su vez socio mayoritario de la Corporación Financiera Colombiana S.A. (Corficolombiana), involucrada en la obra a través de la firma Episol, socia de Odebrecht.
Tres días después del fallecimiento de Pizano murió envenenado su hijo Alejandro, quien vino de España a su funeral, luego de beber de una botella de agua que encontró en el escritorio de su padre y que contenía cianuro.
Sin embargo, Martínez siempre ha negado que supiera de la corrupción en Odebrecht antes de llegar a la Fiscalía, el 1 de agosto de 2016, y asegura que en las informaciones que recibió de Pizano un año antes no estaba claro que se tratara del pago de coimas.
SUPUESTO ENEMIGO DE LA PAZ
La carta de los congresistas, firmada por Iván Cepeda, Aída Avella, Germán Navas, Antonio Sanguino, Angela María Robledo, María José Pizarro, David Racero, Wilson Arias y Julian Gallo, entre otros, dice que el exfiscal «ha sido denunciado por supuestas chuzadas (interceptaciones ilegales) a los negociadores de paz de La Habana en un intento por afectar el proceso de paz».
Añaden que «la semana anterior se conocieron 24.000 audios que la Fiscalía, bajo la dirección de Néstor Humberto Martínez, tenía en su poder» y que «en ellos se evidencia la interceptación de comunicaciones por parte de la Fiscalía, en el marco de una operación encubierta que realizó la DEA, todo como parte de un montaje para afectar la implementación del acuerdo de paz».
Los políticos dicen que esas pruebas que «involucran a Jesús Santrich exnegociador de las FARC, fueron negadas a la Jurisdicción Especial para la Paz» por la Fiscalía, que defendía su extradición a Estados Unidos.
Santrich fue arrestado en Bogotá el 9 de abril de 2018 en una operación con fines de extradición a EE.UU. por narcotráfico en la que participó la agencia antidrogas de ese país (DEA).
El exjefe de las FARC fue liberado un año después y, tras asumir un escaño en la Cámara de Representantes por el partido FARC, abandonó el proceso de paz del cual había sido negociador y volvió a tomar las armas como disidente de la guerrilla a mediados de 2019.
«Hoy estos hechos han ocasionado el rearme de un grupo de ex negociadores de paz de las FARC, Iván Marquez (y) Jesús Santrich entre otros», señala la carta, y añade que «todo ello ha generado una nueva espiral de violencia, afectando gravemente la continuidad del acuerdo de paz».
CRÍTICAS EN ESPAÑA
Hace unos días el Comité por la Paz de Colombia en Madrid también solicitó en una carta a la ministra González «denegar el plácet del Estado español a la asignación de Néstor Humberto Martínez como embajador de Colombia en España».
«Creemos que es necesario señalar también que el exfiscal colombiano tiene una acusación en contra por evasión de impuestos ya que oculta bienes y fondos en España al amparo de una empresa fachada panameña de su propiedad», señala el Comité.
Aseguran que «indiscutiblemente, estamos frente a la serie de expedientes de investigación y acusaciones más reveladora que se conozca en la historia de Colombia, es muy grave que una embajada tan importante para el país esté en manos Néstor Humberto Martínez quien evidentemente ha hecho un gran esfuerzo por impedir el acuerdo de paz».
El Comité recuerda que España no puede ignorar la grave crisis de derechos que sufre el país y las implicaciones que tiene este nombramiento y que por tanto «si quiere ser coherente con su objetivo de contribuir a la paz debe abanderar la lucha contra la impunidad».
«Para ello, los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario deben ser el eje vector de sus relaciones bilaterales», dicen.
Por todo lo anterior, le piden a la ministra tener en cuenta la «opción de denegar el plácet del Estado español con respecto a su asignación a la Embajada de Colombia en España según lo establece la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas».
