La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, levantó una fuerte polémica en Colombia al proponer que los venezolanos que cometan delitos sean deportados del país, declaraciones por las que este viernes ha recibido numerosas críticas de diferentes sectores.
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«Yo no quiero estigmatizar, ni más faltaba, a los venezolanos, pero hay unos inmigrantes metidos en criminalidad que nos están haciendo la vida de cuadritos. Aquí, el que venga a ganarse la vida decentemente, bienvenido, pero el que venga a delinquir deberíamos deportarlo sin contemplación», dijo López durante un acto público.
Una de las críticas la recibió de Tomás Guanipa, embajador del jefe del parlamento venezolano Juan Guaidó en Colombia, quien rechazó sus declaraciones porque, según dijo, «estigmatizan a los venezolanos con la etiqueta de delincuentes», y eso «es un claro acto de xenofobia que genera odio».
«Ante las desafortunadas e inaceptables declaraciones de Claudia López es oportuno recordar lo que señaló hace unos días el director de Migración Colombia donde asegura que 9 % de los delitos en Colombia lo comenten colombianos, el otro 4 % extranjeros (en general, no solo venezolanos)», dijo Guanipa.
Agregó que es partidario de «que todos aquellos que cometan algún delito, sean castigados con todo el peso de la ley, pero ponerle nacionalidad al crimen claramente genera xenofobia y odio», razón por la que invitó a la mandataria «a crear estrategias juntos para encontrar soluciones».
La mandataria también fue cuestionada por el presidente del Concejo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien aseguró que «en condiciones tan adversas como las que estamos viviendo, señalar a los venezolanos por la inseguridad es «la salida más fácil» y dijo que ese un acto «mezquino y peligroso».
Ante las críticas, López se defendió diciendo que «la Ley colombiana prevé la deportación de quienes cometen delitos en Colombia».
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«Esa Ley no es xenófoba, es lógica. Pedir que se aplique tampoco es xenofobia, es usar herramientas legales que tenemos para garantizar seguridad, convivencia y justicia a todos», expresó.
ACLARACIONES DE MIGRACIÓN COLOMBIA
Sobre la controversia, el director de migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, entregó este viernes una radiografía de los 1.722.919 venezolanos radicados en el país, y aunque rechazó cualquier acto delictivo aclaró que no se puede responsabilizar exclusivamente a los extranjeros de la situación de orden público.
«De las 21.812 capturas en flagrancia en Bogotá, 1.874 son de ciudadanos venezolanos. (…) Dicho de otra forma, nosotros no encontramos que la criminalidad en Colombia pueda explicarse a partir de la migración venezolana», dijo el funcionario al citar datos de la Fiscalía General.
En ese sentido, Espinosa aseguró que eso no quiere decir que los migrantes estén exceptuados del cumplimiento de la ley y que en Colombia «hay que perseguir el delito sin distingo de nacionalidad».
«Por favor, buen comportamiento. Este es un país que ha abierto las puertas, que ha generado oportunidades, pero desde Migración Colombia en conjunto con la Fiscalía General, la Policía y las Fuerzas Militares vamos a continuar en la persecución de la delincuencia», agregó.
Sobre las declaraciones de la alcaldesa, Espinosa aclaró que cuando un extranjero comete un delito en Colombia o pone en riesgo la vida de una persona «la sanción no puede ser la deportación o la expulsión» porque en ese caso lo que aplica es una «judicialización».
«Las sanciones de expulsión y deportación son de orden administrativo. Surten un debido proceso que tiene que ser absolutamente estricto de los derechos humanos», dijo al aclarar que la persona que cometa un delito, sin importar su origen, tiene «que responder ante la justicia».
Según Migración Colombia, durante este año se han efectuado 20 deportaciones y 659 expulsiones en Bogotá, lo que equivale al 68 % de los procedimientos de este tipo hechos por las autoridades en todo el país.
Finalmente, Espinosa recordó que el desempleo, la falta de oportunidades y la falta de acceso a recursos económicos son factores determinantes del aumento de la criminalidad que deriva en «picos» de delincuencia que «no tienen que ver con nacionalidad» sino con fenómenos criminales que involucran bandas, luchas por territorios y microtráfico.
