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Un estudio realizado por varias entidades proyectó que más de 54.000 trabajadores estarían en riesgo por piso de protección social.
A través del decreto 1174, expedido el pasado 27 de agosto, el Gobierno reglamentó el piso de protección social.
Sin embargo, desde su creación ha surgido una fuerte polémica en torno al tema.
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Para las centrales obreras, este decreto es la «más agresiva reforma laboral y pensional de los últimos 30 años».
Además, los colombianos aseguran que ahí el Gobierno autoriza a las empresas a contratar por horas.
Piso de protección social, ¿qué es?
Sobre el decreto, Mintrabajo explicó que no es una reforma laboral.
En cambio, dijo que busca que las personas que mensualmente reciben ingresos inferiores a un salario mínimo tengan ayudas sociales.
«Aquellas personas que mensualmente perciban ingresos inferiores a un salario mínimo legal mensual vigente como consecuencia de su dedicación parcial a un trabajo u oficio o actividad económica, contarán ahora con un mecanismo de protección social, que según el Decreto 1174 del 27 agosto, se reglamenta como Piso de Protección Social», aseguró el Ministerio del Trabajo.
El presidente y el ministro señalaron que con la medida se busca que trabajadores que no alcanzan al mínimo puedan obtener unos beneficios que solo tienen los trabajadores formales: salud y un alivio pensional.
Más de 54.000 trabajadores estarían en riesgo por piso de protección social
En medio del debate sobre el trabajo por horas en el país, un estudio de Cuso International —apoyado por el Gobierno de Canadá— advirtió sobre la amenaza de precarización de miles de trabajos.
«El piso de protección social, incluido en el Plan de Desarrollo 2018–2022, corre el riesgo de incentivar las alternativas de contratación que priorizan la reducción de costos laborales, en detrimento de las condiciones de trabajo decente de la población más vulnerable», se lee en el estudio.
Según los investigadores, la experiencia internacional demuestra que la posibilidad de legalizar la figura de contratos de cero horas puede implicar en Colombia un retroceso en las garantías laborales como la seguridad social, las primas y las vacaciones.
El piso de protección social vincula al régimen subsidiado de salud y a los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) a quienes devengan menos del salario mínimo y tienen contratación a tiempo parcial.
Con la puesta en marcha de esta medida, también se reduce el aporte de los empleadores al 15% del ingreso devengado.
Para que las empresas no saquen provecho de la reducción de sus aportes a la seguridad social, el Gobierno prohibió que los empleadores modifiquen las condiciones de contratación de sus trabajadores.
Riesgos para los empleados
De todos modos, Cuso International advierte que se corre el riesgo de que los empleadores opten más por aquellos trabajadores que puedan ser contratados mediante el piso de protección social que por trabajadores bajo la modalidad de tiempo completo y salario mínimo.
Adicionalmente, la investigación calcula que más de 54.000 trabajadores actuales en ciudades se enfrentarían al peligro de que sus vinculaciones laborales sean terminadas o ellos sean reemplazados cuando sus contratos finalicen, porque los empresarios preferirían contrataciones bajo la nueva modalidad que les permite reducir costos.
En términos económicos, el estudio constata que sí se evidencian incentivos para que las empresas reemplacen los trabajadoress actuales por otros que puedan contratar de acuerdo con las nuevas condiciones estipuladas por el plan de desarrollo.
Por ejemplo, para el caso de una remuneración mensual de 500.000 pesos, los costos se disminuirían en 16%.
El impacto negativo de estas medidas no solo se reflejaría en los trabajadores, sino también en el erario.
En el caso puntual de la disposición del plan de desarrollo, el costo por el aseguramiento al sistema de salud y al sistema BEPS tendría una carga monetaria para el Estado.
Este tema sigue siendo de gran polémica en el país pese a que el Gobierno ha prometido seguridad en el piso de protección social.
