En Nariño, en lo que va corrido del año, se han presentado 10 masacres. El departamento es el segundo territorio más afectado por la violencia de los homicidios múltiples, como los denomina el Gobierno, pero paradójicamente, es uno de los que más tiene fuerza pública. Precisamente esta ha sido la respuesta del Estado para los territorios violentos, pie de fuerza. Pero la gente reclama más.
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“A Nariño hay que valorarlo como el territorio que desde la ciudadanía le apostó a la paz. Fue uno de los cinco departamentos que más votó por el ‘sí’ en el plebiscito de 2016 y lo que recibió a cambio no fue la paz sino la intensificación de la guerra”, contó a PUBLIMETRO el exgobernador de Nariño, Camilo Romero.
El exgobernador asegura que el Estado se ha hecho el sordo con las plegarias de las comunidades en los territorios, que no quieren apostarle a la violencia para combatir la guerra, sino a las oportunidades para fortalecer las regiones.
“Hace cinco años, cuando era solo gobernador elegido, me reuní con el rector de la Universidad Nacional y me contó que los jóvenes tumaqueños eran los segundos en el país que más pedían ingreso: o sea, nuestra juventud pidiendo a gritos oportunidades, pidiendo a gritos educación, y el Estado sordo, no escuchó lo que la gente quería y respondió con guerra”, reafirmó Romero.
Iván Duque no comprende el país, es un presidente de escritorio que no conoce el territorio”, Camilo Romero, exgobernador de Nariño.
Esto lo corrobora Camilo González Posso, presidente de Indepaz: “El Gobierno no sale de una sola receta que aplica a todos los males: aumento del pie de fuerza, guerra a los GAO y otros grupos armados, carteles y recompensas por cabecillas”.
El líder social José David Ortega, vocero de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Acsucor), aseguró que no piden guerra, sino un Estado social: “Cuando los grupos armados entran y se dan cuenta de que no hay Estado social de derecho, se acomodan fácilmente en los territorios. Por eso, lo que pedimos es que que no solo vengan militares. Pedimos educación, salud, oportunidades”, apuntó.
Para Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, la receta que les suena a los líderes y analistas no es tan sencilla: “La idea malísima que instauraron con el acuerdo de La Habana, de que por las Farc no se llegaba a los territorios es falsa. ¿Por qué no pudo el Gobierno y el Estado derrotar a las Farc, pero sí va a derrotar a otras estructuras criminales que se nutren y financian de los mismos recursos? No era por el nombre Farc que no podíamos tener presencia en el territorio, es por las condiciones de una institucionalidad débil y por el narcotráfico”.
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Además, indicó que el acuerdo dejó maniatado al Estado para que no pudiera hacer presencia en la Colombia profunda: “El acuerdo de La Habana terminó sacando al Ejército de muchos territorios, con el pretexto de que venía la paz y hoy no hay quien combata a los grupos ilegales. Eso desembocó en que los cultivos ilícitos, crecieran y que los actores armados asesinaran a los líderes sociales que se oponían a las economías ilegales”.
Lo que está pasando en Colombia, efectivamente, es un retroceso que significó perder el territorio en medio de las conversaciones del acuerdo de La Habana”, Paloma Valencia.
Radical Rodrigo Lara, senador de Cambio Radical, aseguró que la respuesta no debería apuntar únicamente a la acción de la fuerza pública “porque es insuficiente. Eso lo vi en Samaniego, en donde el Estado Central no está. Sí, hay PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) que son proyectos puntuales, pero un proyecto en sí no es una presencia del Estado”, señaló.
Todo empieza por el vacío del Gobierno, hay un vacío de justicia, de Fiscalía, hay un vacío total del Estado”, Rodrigo Lara, senador de Cambio Radical.
“¿Cuál debería ser la solución? Presencia Integral del Estado en el Territorio y la implementación de los acuerdos de paz. Que le cumplan a los campesinos con la sustitución de cultivos ilícitos. Esa es la solución para Nariño y para todo el territorio nacional. Pero tenemos un Gobierno indolente e ignorante que, además de no conocer el territorio, solo se acerca para atacar”, apuntó el exgobernador Romero.
Sobre esto, el Estado es claro: “Hay que tener en cuenta que la implementación de los acuerdos comenzó en 2016 y desafortunadamente la inversión que se hizo en su momento para la sustitución de cultivos no fue suficiente y nosotros como Gobierno recibimos totalmente desfinanciado ese programa”, respondió a PUBLIMETRO el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos.
Para el Gobierno, en la voz de Ceballos, “en dos años hicimos lo que el anterior gobierno no hizo en cuatro”, en cuanto a la implementación del acuerdo de paz se refiere.
“Es que el problema sí es de Estado, de Juan Manuel Santos también, pero este Gobierno profundiza y agudiza la lógica de poder que da paso para que se incremente la violencia, el miedo, el terror, la muerte en nuestro país; el retorno del paramilitarismo en Colombia, el asesinato de líderes sociales, las masacres”, apuntó el nariñense Romero, que estudia ser candidato presidencial en 2022.
Así, las plegarias de los territorios terminan apuntando a un Estado sordo, que no actúa cuando las advertencia están sobre la mesa.
La aplicación de justicia, otro grito de las víctimas de la violencia
“A mí lo que más me preocupa es la gran debilidad institucional que tenemos y que genera mucha impunidad. Del total de homicidios en Antioquia, ¿cuántos se esclarecen?, ¿cuántos capturados y condenados hay? Las cifras son muy malas. Tenemos una altísima impunidad. Y ese es un tema, obviamente de responsabilidad de la Fiscalía, del CTI, de la justicia”, dijo a PUBLIMETRO Luis Suárez, gobernador (e) de Antioquia.
Sobre esto, la Fiscalía respondió a este medio que “gracias al enfoque territorial definido por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, han sido esclarecidos siete homicidios múltiples en Norte de Santander, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Arauca y Nariño, 18 personas han sido judicializadas por estos hechos y cumplen medida de aseguramiento en centro carcelario”. En total, han esclarecido 36 muertes, pero aún les faltan 215.
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