El pasado 9 de mayo de 2019, el Estado colombiano fue condenado por haber hecho caso omiso a las alertas que anunciaban la situación que se vivió en Bojayá, Chocó, en 2002. Para el Tribunal Superior del Chocó, el Estado les falló a sus ciudadanos.
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Hoy, 18 años después, la Procuraduría General de la Nación inicia la investigación sobre unos hechos similares: las alertas tempranas que se emitieron sobre la situación de conflicto en el sur del Nariño no obtuvieron respuesta del Estado y las autoridades locales, y devinieron en la masacre de ocho jóvenes en el municipio de Samaniego el pasado 15 de agosto.
PUBLIMETRO encontró que, para Samaniego, Nariño, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta 032 de 2019, en la que advertía sobre la configuración de un conflicto interno en el departamento tras el fortalecimiento del Eln y su disputa con las bacrim.
La alerta dirigida a la entonces ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, relata tres hechos que presagiaban violaciones a los derechos humanos: los panfletos del Eln del 15 de julio de 2019, en el marco del anunciado ‘Paro armado’; la presencia de hombres armados en La Llanada, con acciones de control social, y hostigamientos a la fuerza pública.
Por esto, la Defensoría hizo siete recomendaciones a siete instituciones estatales que parecen no haber sido acatadas, pues los hechos victimizantes se dieron un año después, dejando a su paso dolor en la familia de ocho jóvenes en una masacre sangrienta de la que aún no hay culpables.
El Estado no responde a las recomendaciones de la Defensoría
Las tensiones entre la entidad y los gobiernos de turno han sido evidentes desde hace muchos años. Mateo Gómez, exdirector del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría, indicó que estas han mutado con el paso de los años, de acuerdo a las tensiones políticas del momento.
“Cuando Fernando Londoño era ministro del Interior de Álvaro Uribe Vélez, la percepción era que el país estaba desbordado de alertas tempranas y por lo tanto el Gobierno debía asumir las riendas del impulso de la prevención. Entonces la Defensoría pasó de emitir las alertas a remitir informes de riesgo que eran evaluados por el Ministerio del Interior, que decidía cuándo esos riesgos eran elevados a alertas. Ante el altísimo nivel de consumación y la evidente transgresión de la autonomía de la Defensoría en la que se puede llamar como la ‘era Germán Vargas Lleras’ (2010), el entonces ministro del Interior y Justicia de Juan Manuel Santos decide que todos los informes se eleven a alertas”, explicó Gómez a PUBLIMETRO.
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El esquema cambia con la firma del acuerdo de paz con las Farc, cuando queda acordado que con el propósito de prevenir que la dejación de armas conlleve a un exterminio de los excombatientes, como sucedió con la UP a mediados de los años ochenta e inicios de los años noventa, las alertas fueran emitidas autónomamente por la Defensoría y el rol del Gobierno fuera el de la coordinación y articulación de las acciones de respuesta rápida.
La respuesta del Estado a las alertas
En el decreto 2124 de 2017, el Ministerio del Interior reglamentó lo que denominó el sistema de prevención y alerta para la reacción rápida ante los hechos que pudieran poner en riesgo a la población, que estaría conformado por dos componentes: las alertas tempranas y los Ciprat.
La Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) es el ente que se encarga, según el decreto, de “coordinar e impulsar las medidas preventivas y de reacción rápida ante los factores de riesgo advertidos por la Defensoría del Pueblo, de modo que las entidades y autoridades competentes adopten de manera urgente las medidas necesarias y pertinentes para prevenir y conjurar los riesgos y amenazas”. Sin embargo, esto no parece llevarse a la práctica.
“He participado en varios Ciprat, pero en mi sentir no está siendo un instrumento lo suficientemente eficaz. ¿Por qué? Porque llegamos 50 actores, la Defensoría muestra la alerta y cada uno muestra lo que está haciendo o lo que hará. Pero ahí no hay una real decisión de articulación, no hay acción. He venido haciendo ese reclamo”, aseguró a PUBLIMETRO Luis Suárez, gobernador (e) de Antioquia.
Los Ciprat y las alertas tempranas son un mecanismo muy útil para mostrarnos las problemáticas. Pero si no hay una respuesta eficaz entonces, cuando ocurre la muerte, perdóneme pero eso termina siendo crónica de una muerte anunciada”, gobernador (e) de Antioquia.
Para José David Ortega, vocero de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Acsucor), la situación es más compleja, pues relata el no cumplimiento de las recomendaciones y así, el Ciprat se convierte en “una reunión en donde la gente expone cosas bonitas, que nunca se ven en los territorios”.
Por ejemplo, “desde el 2017, la Defensoría ha emitido 12 alertas para Córdoba; lleva cuatro años haciendo recomendaciones a las mismas instituciones, sobre los mismos riesgos y sobre las mismas organizaciones y no ha pasado nada. La Defensoría termina copiando la alerta pasada al ver que nadie siguió las recomendaciones que hicieron y así se siguen dando los hechos victimizantes, a pesar de los Ciprat”.
La alerta de las masacres no convence al Gobierno, que no siente que esto pueda predecir con exactitud las acciones de los actores armados.
“Lo más importante es destacar la labor de la Defensoría, pero de ninguna manera lo que hace la Defensoría es advertir masacres, ni mucho menos. Lo que en realidad hace es alertar sobre riesgos en determinadas zonas del país”, dijo a PUBLIMETRO el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos.
7 recomendaciones a siete instituciones del Estado fueron realizadas en la alerta 032-19, en donde la Defensoría advertía sobre la grave situación de orden público en Samaniego, que terminó por convertirse en una masacre de nueve jóvenes nariñenses.
Según Ceballos, “si nosotros como Estado pudiéramos saber dónde se van a cometer estos homicidios colectivos por supuesto que haríamos todo lo que esté a nuestro alcance para prevenirlos, pero los grupos armados saben dónde golpear y, desafortunadamente, lo hacen donde no está la presencia inmediata de la fuerza pública”, apuntó.
En 2017, en Córdoba, Arcángel Pantoja fue asesinado por grupos paramilitares. El crudo relato lo hace su hija, una niña menor de 10 años, que cuenta que lo iban a desmembrar con su propia motosierra, pero como no servía, lo fusilaron. Con dolor, la menor cuenta que con sus medias del colegio limpiaron la sangre de las armas.
“Esto pasó en las narices de todos. Es decir, a Pantoja lo mataron por una rencilla entre las Agc (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y Los Caparros que tenían disputa territorial. En el pueblo había retenes de ‘paras’ a la salida y entrada y la Alcaldía lo sabía; también el Ejército y la Policía. La Defensoría lo había denunciado y no se hizo nada. Eso demuestra que el enemigo es quien no piensa igual, porque a los grupos que piensan parecido o que tienen una ideología similar, no los tocan, no les pasa nada. En resumidas cuentas, hay un silencio sobre esos actores”, relató Ortega, de Acsucor.Algo similar sucedió en Bojayá, cuando 10 días antes de la masacre que acabó con la vida de más de 100 personas, los paramilitares se movilizaron en 10 canoas desde San José de la Balsa por la orilla del río Salaquí, para luego tomar el río Atrato hacia el sur hasta Vigía del Fuerte, y pasaron por al menos dos puestos de control de la fuerza pública que no reportaron movimientos o capturas. Algunas ONG indicaron que fueron tres los puestos militares que dejaron transitar al grupo armado en silencio.
El Estado, hoy encarnado por el gobierno de Iván Duque, no da cuenta de grupos paramilitares, solo asocia estas estructuras, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o el Clan del Golfo, a grupos que persiguen el negocio del narcotráfico, como inyección del capital de la guerra, una respuesta que para muchos demuestra un Estado mudo ante el fenómeno violento.
En la próxima entrega le contaremos cómo se configura el conflicto y el despertar de la violencia en los territorios más azotados por las masacres.
Pregunta y respuesta:
Camilo González Posso, presidente Indepaz
¿Por qué en Colombia se ignoran las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo?
El Gobierno no tiene una estrategia efectiva de coordinación interinstitucional de carácter preventivo. Además, es errático. Le sucede como al alcalde que recibe una alerta por fuego en una casa que amenaza con incendiarse; en lugar de enviar a los bomberos manda al Esmad que llega a dispersar curiosos y a golpear a los residentes que ve como sospechosos. Mientras el Esmad lanza gases y disparos M12, se incendia la casa y el vecindario. Con las alertas tempranas sucede algo parecido. No hay respuesta oportuna y no se atacan los problemas reales. Las autoridades llegan tarde a recoger cadáveres y con más gasolina para el incendio.
