Los últimos días han sido convulsivos para todo el país ante los abusos de autoridad de la Policía de Colombia que ya acumula varias denuncias públicas por el asesinato de, al menos, 12 personas. Estos hechos han generado todo un debate político, pero también han encendido una alerta por las posibles violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
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A continuación recordamos algunos de los casos que han llamado la atención de organizaciones internacionales durante el Gobierno de Iván Duque que recientemente cumplió dos años.
La amenaza de falsos positivos de The New York Times
El 27 de diciembre de 2019, a través de una declaración emitida desde la Casa de Nariño, el presidente Iván Duque confirmó que el comandante del Ejército, Nicacio Martínez, había sido relevado de su cargo.
Pese a los cuestionamientos que se le hicieron desde que fue nombrado comandante, en junio de ese mismo año el Senado había aprobado el ascenso de él y toda la cúpula militar. Sin embargo, el peso de las denuncias hicieron que se cayera de su cargo.
La primera polémica en su contra desde que empezó a ejercer como comandante fue la directriz que revivía los falsos positivos.
Fue el 18 de mayo de 2019, con un artículo del diario The New York Times, cuando se reveló la existencia de una directriz del Ejército que ordenaba a la tropa incrementar sus resultados operacionales, lo que ponía en riesgo la vida de civiles.
En el artículo, el periodista Nicholas Casey señaló tras revisar órdenes escritas y entrevistar a altos oficiales que el Ejército puedo estar ejecutando “otra encarnación” de los falsos positivos.
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Lo que llamaba más la atención es que Martínez, en ese momento cabeza del Ejército y quien habría dado la directriz, ya era investigado por varios casos de ejecuciones extrajudiciales de civiles realizadas por tropas bajo su mando.
El comandante que estuvo un año al frente del Ejército fue duramente cuestionado durante su gestión por su presunta responsabilidad en violaciones a los derechos humanos.
Por eso Human Rights Watch recordó en su momento que Martínez comandaba una brigada investigada por asesinatos de civiles y vínculos con paramilitares de ultraderecha.
Asesinato de Javier Ordóñez y 11 personas más por policías
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este jueves «enfáticamente los casos de brutalidad y abuso policial» registrados recientemente en Colombia.
En un mensaje en su cuenta de Twitter, el organismo humanitario hizo mención al caso del abogado Javier Ordoñez, que el martes murió «como consecuencia de los golpes y descargas eléctricas propinadas por agentes policiales mientras se encontraba sometido en el piso».
«El uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado debe seguir los principios de legalidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, poniendo en el centro la protección de los derechos de todas las personas», dijo la CIDH.
También se refirió a las protestas contra la violencia policial registradas debido a este caso en varias ciudades de Colombia, en las que al menos ocho personas han perdido la vida y decenas más resultaron heridas.
«Todos estos hechos deben ser esclarecidos, investigados y sancionados», señaló la CIDH, que recordó que es deber del Estado «garantizar el derecho a la vida, integridad y libertad de manifestación».
«Actos aislados de violencia, no convierten en una amenaza al orden público al movimiento social que ejerce sus derechos de libertad de expresión, reunión y asociación», agregó.
Bombardeo a campamento en el que murieron niños, en Caquetá
La muerte de varios menores de edad en un bombardeo en Caquetá en agosto de 2018 salió a la luz hasta noviembre de 2019 en un debate de moción de censura al ya exministro de Defensa, Guillermo Botero, quien luego tuvo que renunciar ante las críticas que recibió por ocultar esta información.
Inicialmente se dijo que habían sido ocho las víctimas menores de edad, pero días después la comunidad del Caquetá dijo que en total fueron 18 los menores muertos, tres de ellos fusilados por el Ejército tras sobrevivir al ataque.
Por eso la ONU recomendó en su momento a Colombia que implementara «todos los estándares» del derecho internacional humanitario (DIH) para proteger a los menores que están en medio del conflicto armado.
«Recomendamos a Colombia utilizar todos los estándares del derecho internacional relevantes para garantizar los mayores niveles de protección posibles para los niños, niñas y adolescentes que sufren los efectos de la violencia», afirmó el entonces representante de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Alberto Brunori.
Asesinatos de líderes sociales y masacres
A principios de este año se conoció el informe anual sobre Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH).
Ahí indicaron que más de 100 defensores de DD.HH. y 66 indígenas fueron asesinados en 2019.
El documento precisa que fueron 108 defensores; 66 indígenas del Cauca, entre ellos 13 de sus autoridades, y 45 miembros de la comunidad LGBTI los asesinados el año pasado.
El organismo también registró 36 masacres, la cifra más alta desde 2014. Pero, según Indepaz, en este 2020 ya van 57 masacres. La última fue perpetrada en Cáceres, Antioquia, el pasado 14 de septiembre.
El asesinato de Dimar Torres y de Dilan Cruz
El informe de ACNUDH también menciona «15 casos de presuntas privaciones arbitrarias del derecho a la vida cometidas por miembros del Ejército y la Policía» en 2019.
«Hay una situación de gravedad en relación con los asesinatos de excombatientes de las Farc y en el tema de líderes y defensores de derechos humanos», dijo el representante de la ACNUDH en Colombia, para ese año, Alberto Brunori.
De los 15 casos de «presuntas privaciones arbitrarias del derecho a la vida cometidas por miembros del Ejército y la Policía», 13 ocurrieron por el uso innecesario y/o desproporcionado de la fuerza y dos fueron ejecuciones extrajudiciales, conocidas en el país como «falsos positivos».
Uno de esos es el del exguerrillero Dimar Torres, al que un militar mató de un disparo en abril de 2019 en una zona rural de Convención, que forma parte del Catatumbo.
También se refirió al caso del bachiller Dilan Cruz, quien falleció el 25 de noviembre del año pasado en Bogotá a raíz de las heridas sufridas en la cabeza por un proyectil disparado por un agente del Esmad, durante una manifestación en Bogotá.
Violaciones a niñas, varias de ellas indígenas
Luego de conocerse que una niña indígena de 12 años, perteneciente al pueblo embera-chamí, fue violada en junio de 2019 en Risaralda por siete soldados, el comandante en jefe del Ejército, general Eduardo Zapateiro, tuvo que salir a reconocer que 118 miembros de esa institución han sido investigados desde 2016 por presuntos abusos sexuales a menores de edad.
Entre ellos hay oficiales, suboficiales y soldados, pero también civiles que trabajan con la institución castrense.
El hecho fue duramente reprochado por todo el país que luego tuvo que enfrentarse a otro duro hecho: dos soldados del Batallón de Infantería Joaquín París también habían violado a una niña de 15 años de la comunidad indígena nukak makú, en septiembre de 2019.
Luego de todos los hechos anteriormente mencionados el titular de la agencia EFE rondó los medios internacionales por mencionar que ‘Colombia pasa al tablero y reprueba por violaciones de Derechos Humanos’.
«Ha sido un año de retrocesos en derechos humanos, en aumento de la violencia, de una peligrosa concentración del poder y de ataques a la independencia de la justicia», dijo el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar).
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