La Nación fue condenada por el asesinato de los 11 diputados del Cauca. Colombia deberá pagar 6,2 millones de dólares por asesinato de diputados.
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El Consejo de Estado de Colombia condenó a la Nación a pagar 23.000 millones de pesos (unos 6,2 millones de dólares) a los familiares de los 11 diputados del departamento del Valle del Cauca que fueron secuestrados en 2002 y asesinados cinco años después por la entonces guerrilla de las FARC.
El máximo tribunal de lo contencioso administrativo de Colombia ordenó pagar esa suma a los integrantes del proceso y «a los que se integren con posterioridad dentro de la oportunidad legal».
Con esta decisión, el Consejo de Estado revocó una decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que había negado la indemnización a los familiares y consideró que la Nación, por medio del Ministerio de Defensa y de la Policía, tiene responsabilidad en el secuestro de los funcionarios públicos.
En abril de 2002, las FARC secuestraron a 12 diputados de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca que estuvieron cinco años cautivos, hasta junio de 2007 cuando fueron asesinados por la guerrilla y de los doce solo uno, Sigifredo López, sobrevivió.
DECISIONES DEL CONSEJO DE ESTADO
El Consejo de Estado ordenó al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y al director de la Policía, general Óscar Atehortúa, realizar «un acto público de aceptación de responsabilidad, petición de disculpas y reconocimiento a la memoria de los 11 diputados» asesinados en la vereda (aldea) de San José de Tapaje, en el departamento de Nariño (fronterizo con Ecuador).
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También determinó «la construcción, por parte de las entidades demandadas, de un monumento conmemorativo en la Asamblea Departamental del Valle del Cauca para preservar la dimensión objetiva de los derechos gravemente lesionados y dar muestra de la firme voluntad estatal de que lo acontecido no volverá a repetirse».
Igualmente la Policía y el Ministerio de Defensa deberán realizar campañas de capacitación en todos los «comandos, batallones, unidades y patrullas militares en materia de procedimientos militares y policiales según los estándares convencionales y constitucionales».
