Las autoridades de Colombia, con la colaboración de Estados Unidos, detuvieron a cuatro venezolanos a los que acusan de estar «vinculados a hechos de desestabilización» en el país y asociados al exgeneral venezolano Clíver Alcalá Cordones, detenido en EE.UU.
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«Se adelantó la Operación Santa Ana donde fueron capturados delincuentes en nuestro país que estaban tratando de estructurar operaciones de desestabilización», dijo el presidente colombiano, Iván Duque, en una declaración a la prensa en la localidad de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, donde analizó la seguridad en la convulsa región del Catatumbo.
Duque Agregó que esas cuatro personas son venezolanas y están «presuntamente promovidas y financiadas por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro».
El director de la Policía colombiana, general Óscar Atehortúa, dio detalles de las capturas y manifestó que a estas personas se les acusa de participar en la «conformación de grupos militares venezolanos en territorio colombiano con el fin de realizar entrenamiento para actividades ilícitas».
Según el general, en la operación, que requirió de cinco meses de investigaciones, intervinieron la Policía, el Ejército, la Fiscalía y Migración Colombia, y contó «con el respaldo de la oficina de investigación de Estados Unidos y del FBI».
En Bogotá fueron detenidos Rayder Alexander Russo, y los hermanos Juvenal y José Sequea Torres, mientras que en Barranquilla fue capturada Yacsi Alexandra Álvarez, a quien se acusa de ser «la encargada de la logística de la organización y de generar contactos internacionales con el objetivo de comprar armamento y de realizar operaciones que fueron fallidas contra el Estado colombiano».
«Estaban planificando en Colombia acciones desestabilizadoras en nuestro territorio con el fin de deslegitimar las instituciones del Estado colombiano», agregó el general Atehortúa, quien dijo que también tienen vínculos con el «tráfico, porte de armas y de municiones, restringidos de la fuerza pública en Colombia».
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ARMAMENTO DECOMISADO
El comandante de la Policía colombiana expresó que los cuatro detenidos tienen relación con la incautación el 23 marzo pasado de un arsenal de 26 fusiles de asalto AR-15, visores nocturnos, miras de fusil, radios y otros accesorios de uso militar que eran transportados en una camioneta por la carretera entre las ciudades de Barranquilla y Santa Marta.
«A partir de este hecho se desarrolló esta operación que fue ejecutada en Bogotá con tres capturas y en Barranquilla con la captura de una mujer», añadió Atehortúa.
Alcalá Cordones, cercano colaborador del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013) que se distanció de Maduro, manifestó en marzo que esas armas «pertenecen al pueblo de Venezuela y estaban siendo transportadas en territorio colombiano para empezar la liberación» del país, sin ofrecer más detalles.
Antes de entregarse a las autoridades estadounidenses, el exmilitar también señaló que el jefe del Parlamento y a quien casi 60 países reconocen como presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, orquestó el plan junto a asesores estadounidenses y firmó «un contrato» para la compra de las armas.
En ese sentido, las autoridades venezolanas acusan a Alcalá de haber planeado dos frustradas incursiones marítimas en mayo pasado contra el Gobierno de Maduro, llamadas «Operación Gedeón», y de estar inmerso en tráfico de drogas.
CONTACTO CON ALCALÁ
El general Atehortúa señaló que Álvarez era el contacto de Alcalá y del estadounidense Jordan Goudreau -representante de la contratista militar Silvercorp y quien dijo haber firmado un contrato con la Administración que Guaidó dice liderar para organizar los ataques contra Maduro, según testimonios recogidos por la Fiscalía venezolana.
En ese sentido, el oficial colombiano dijo que la mujer coordinaba con Alcalá y Goudreau la «compra de armamento y el entrenamiento de militares venezolanos en nuestro territorio».
«Cabe resaltar que de estos eventos de la organización estaban nutriéndose y auspiciándose con recursos que provenían de actividades ilícitas desde el extranjero», apostilló Atehortúa.
